
Las redes sociales ardían este jueves de indignación tras difundirse un vídeo en el que la presentadora de televisión Arantxa de Benito, exmujer del futbolista ‘Guti’, promocionaba un selecto club que prometía un exclusivo acceso a los medicamentos, “el único que garantiza el tratamiento para cualquier enfermedad, da igual que no haya suficientes medicamentos, que los precios sean elevados, que haya una larga lista de espera”.
“A mí, con el club, no me falta, no importa cuánto cueste, yo me lo puedo permitir. Únete a nuestro club y disfruta de una salud al alcance de unos pocos”, invitaba de Benito a solo “unos pocos” privilegiados.
La campaña publicitaria del vídeo ha resultado ser todo un éxito, llegando a convertirse en trending topic en la red social Twitter con el hashtag #EnfermedadesPijas. Sin embargo, el producto publicitado, que aparecía el jueves con una página web y hasta un local en el madrileño barrio de Salamanca, no es real. Este viernes se ha sabido que detrás del Club Premium del Medicamento se encuentran varias organizaciones, como Médicos del Mundo, Salud por Derecho, OCU, OMC, SESPAS, CECU o No Gracias, cuyo objetivo es concienciar sobre el derecho universal a la salud.
La campaña real, de lema “No es sano”, era desvelada este mismo viernes por la propia Arantxa de Benito con un nuevo vídeo, en el que declara que es “inaceptable” que exista un club exclusivo semejante y advierte de que, “si nosotros no hacemos nada, los medicamentos se van a convertir en un lujo al alcance de muy pocos y eso no es sano”.
La campaña persigue el objetivo de la movilización social para “construir un sistema de investigación médica eficiente, sostenible y que garantice el derecho universal a la salud y el acceso a los medicamentos que la población necesita a un precio asequible”.
Para la consecución de este objetivo, las organizaciones vinculadas al proyecto apuestan por la transparencia –conocimiento de los precios reales de transacción de la compra de medicamentos, inversiones públicas e incentivos fiscales en I+D que resulten en tecnologías comercializadas, los datos clínicos, los resultados de investigación y los costes de los productos farmacéuticos financiados con dinero público–, la introducción de criterios de interés público que afecten al precio final de los productos, el acceso de los pacientes a ellos e incluso la propiedad de la Innovación para toda inversión realizada por el Estado, y generando nuevos modelos de I+D promovidos por los gobiernos que no dependan exclusivamente de las patentes y del negocio.