El desmantelamiento del parque público de vivienda que ha estado llevando a cabo el Ayuntamiento de Madrid, vendiendo a fondos privados extranjeros las viviendas sociales con residentes, responderá ante los tribunales.
El PSOE denunciará al Ayuntamiento de Madrid y a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) como responsables de un presunto delito de malversación de fondos públicos y de sustracción de cosas a su utilidad social por la venta de 1.860 viviendas de la sociedad municipal a un fondo buitre.
Así lo ha explicado este lunes en rueda de prensa el portavoz municipal socialista, Jaime Lissavetzky, al sostener que está operación supone una «ilegalidad» y tiene que ser parada por «injusta».
Lissavetzky ha explicado que la denuncia se presentará previsiblemente este martes en un juzgado de instrucción y se basa en la posible comisión de estos dos delitos tipificados en el Código Penal, pues la enajenación de realizó sobre precios «muy inferiores» al valor que tienen en el mercado y por la venta de bienes con función social (fundamentalmente alquiler social) para que un ente privado haga «negocio» con estas viviendas a costa de los inquilinos.
Lissavetzky ha apuntado que el Ayuntamiento y la EMVS habrían incurrido en un presunto delito de malversación de caudales públicos al vender unos inmuebles, que se construyeron con el erario público, con precios que oscilan entre 65.000 y 70.000 euros, lo que supondría una pérdida del 30 por ciento sobre el valor que tendría los pisos.
Aparte, ha relatado que son «viviendas públicas construidas también en suelo público» con una utilidad social y que, para solventar la situación de deuda de la empresa municipal, salen a la venta. Ello implicaría un delito de sustracción de cosas a su utilidad social (artículo 289 del Código Penal). Además, en su denuncia van a reclamar al juzgado la suspensión cautelar de los efectos de la venta.
“Frenesí vendedor” del Partido Popular
Lissavetzky ha apuntado que el Plan de Viabilidad diseñado para la EMVS se enmarca en el «frenesí vendedor» de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, para saldar «las cuentas» con los bancos, algo que le «interesa mucho más que los ciudadanos». Aparte, ha apuntado que ha tratado de parar la operación en el consejo de administración de la EMVS y en comisión municipal por «injusta e ilegal» y que, ante la negativa del Ayuntamiento, han tenido que recurrir a la vía judicial.
Por su parte, el letrado del grupo municipal socialista, José María Benítez de Lugo, ha explicado que la fórmula que han elegido es la denuncia ante el juzgado para que sea éste órgano, en la fase de instrucción si admite la denuncia, el que determine concretamente las personas presuntamente responsable de la comisión de ambos delitos.
También ha avanzado que la Asociación de Afectados por la Venta de Vivienda Pública de la EMVS estudia también interponer una querella contra el proceso y ha recordado que el tipo de sustracción de cosas a su utilidad social no es muy frecuente pero que existe una sentencia del Tribunal Supremo al respecto que precisamente se ciñe en la función social del alquiler.
La alcaldesa “mintió”: el nuevo dueño practica la “usura” y el “acoso”
Mientras, el edil socialista Gabriel Calles ha dicho que Botella «mintió» cuando dijo que con la entrada de un fondo de inversión «sólo cambiaba el casero» y ha aseverado que dicho fondo practica la «usura», desplegando además «acoso» e incluso «amenazas» a los inquilinos para imponerles nuevas condiciones.
La portavoz de la asociación de afectados, Arancha Mejías, ha aseverado que tienen constancia de que la empresa que gestiona los pisos, Fidere, les va a subir el alquiler y les triplicará el coste de la comunidad. También ha aseverado que se producen lanzamientos «sin que el Ayuntamiento haga nada».
Por otra parte, Lissavetzky ha criticado que Botella y el exalcalde Alberto Ruíz Gallardón hayan utilizado la EMVS para «centrifugar deuda» y que ahora, para solventar la difícil situación que atraviesa la empresa, se tengan que desprenderse de bienes que hacen una función social.
Lissavetzky ha tildado la operación de «locura» y ha comentado que hay sospechas de irregularidades en el proceso, puesto que la gestión la lleva una empresa con un capital de 3.002 euros cuando a las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI), expertas en este tipo de gestión, se les exige al menos 5 millones de euros de capital.
«La única manera de que salgan las desvergüenzas a la luz es así» ha espetado el portavoz socialista para quien el Ayuntamiento, con esta operación, puede «echar a la calle» a inquilinos que llevan muchos años en estas viviendas. (Postdigital/Agencias)
