Con motivo de la ponencia parlamentaria iniciada a puerta cerrada este martes en la Comisión de Interior del Congreso para discutir el texto del polémico proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana impulsado por el Partido Popular, la ONG Amnistía Internacional ha hecho llegar a todos los grupos parlamentarios un vídeo en el que se muestra cómo la libertad de información está en peligro en España, y ha recordado a los y las diputadas que es necesario que incluyan y exijan modificaciones en la Ley para proteger este derecho, así como el de reunión y expresión.
El vídeo recoge numerosas imágenes en las que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado golpean, insultan y agreden a periodistas, dificultando su actividad profesional al impedirles grabar la actuación policial durante diferentes manifestaciones.
“Amnistía Internacional lleva años documentando abusos policiales por parte de la policía en las protestas. Si se aprueba este artículo 36.26, que sanciona el uso no autorizado de imágenes de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto el derecho de información como otros derechos humanos estarían peligrando”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, ya que grabar este tipo de imágenes podría ser sancionado hasta con 30.000 euros de multa.
La organización, que ya envió a todos los grupos un análisis del Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana con algunas recomendaciones, considera que no sólo el grupo parlamentario del Partido Popular, precursor de este Proyecto de Ley, así como de algunas enmiendas que amenazan los derechos humanos, sino también el resto de partidos deben tener en cuenta las preocupaciones de las organizaciones y movimientos sociales. Por ello, la ONG ha analizado qué grupos parlamentarios han tenido en cuenta la protección de estos derechos y cuáles no, representándolo gráficamente en una tabla.
La responsable de Política Interior en Amnistía Internacional España, Virginia Álvarez, señala que “es realmente preocupante que los principales grupos parlamentarios no hayan contemplado una de las recomendaciones más importantes sobre el derecho de manifestación del Consejo de Europa o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: la de no sancionar las manifestaciones espontáneas ante un hecho que hace imposible la notificación previa”.
Otra de las preocupaciones que deberían incluir los grupos, según la organización, es el hecho de que frente al aumento del poder de la Policía a la hora de sancionar, no se introduzca ningún mecanismo que favorezca la rendición de cuentas y la supervisión de sus actuaciones.
Una ley impuesta con tramitación exprés
El texto, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 11 de julio y debatido en el Congreso el 16 de octubre rodeado por múltiples protestas ciudadanas, se encontró con enmiendas a la totalidad planteadas por todos los grupos de la oposición, evidenciando así el fuerte rechazo social a una ley cuyo carácter represor de la protesta pacífica y legítima ha sido denunciado por multitud de organizaciones y colectivos sociales, como Amnistía Internacional.
Tras el encuentro de este martes, los grupos parlamentarios acordaron celebrar el próximo día 11 una segunda reunión de la ponencia encargada de examinar el texto de la conocida como ‘ley Mordaza’ y la luz de las enmiendas presentadas, con lo que la aprobación del texto definitivo en la Comisión de Interior se llevará a cabo el próximo martes 20 de noviembre, con el previsible uso por parte del Partido Popular de su mayoría absoluta.
La oposición en pleno ya se quejó la semana pasada de esta tramitación «exprés» mediante un escrito presentado en la Comisión de Interior por los portavoces del PSOE, CiU, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD y PNV, en el que denunciaban la imposición por el PP de la tramitación acelerada del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, una iniciativa legislativa «de enorme trascendencia» que debería someterse a un examen «detallado, razonado y reflexivo».
La velocidad en la tramitación de la ‘Ley Mordaza’ contrasta con la lentitud de la reforma del Código Penal, a la que en principio debía complementar y que también supone motivo de preocupación para las organizaciones sociales por contemplar medidas que ponen en riesgo el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
