La Fiscalía Provincial acaba de formalizar la acusación contra el profesor Agustín O.G, de 48 años de edad, que permanece suspendido ante la grave imputación de haberse aprovechado presuntamente, entre los años 2003 y 2011, de ocho alumnos menores en cuatro colegios de Educación Infantil y Primaria de Sobradelo (Carballeda de Valdeorras), Rubiá, O Bolo y Vilamartín. El fiscal que llevó el caso le atribuye ocho delitos continuados de abusos sexuales por los que reclama una contundente condena de 19 años de prisión. El profesor y presunto pederasta será juzgado en los próximos meses ante la Audiencia Provincial de Ourense
Supuestamente, los escolares sufrieron abusos desde los seis años hasta las puertas de la adolescencia. Ocho menores ourensanos fueron víctimas de los presuntos abusos sexuales año tras año, a lo largo de varios cursos escolares, de su profesor de religión.
El acusado ejercía como profesor de religión en Galicia desde principios del curso de 1999. Durante su trayectoria profesional, cuestionada tras la declaración de los niños, impartió clases en los centros para niños «Tomás Terrón Mendaña», en Sobradelo (Carballeda de Valdeorras), el CPI «Virxe do Camiño» de Rubiá, el CEIP de O Bolo y el CEIP «Manuel Folla Respino» de Vilamartín de Valdeorras. El proceso judicial ha motivado su suspensión de empleo pero, además, ha frenado la adopción de un menor que, según fuentes próximas al caso, estaba en régimen de preadopción, y a quien la Xunta decidió retirar.
El fiscal delata, en el escrito de acusación remitido al juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Uno de O Barco de Valdeorras, fechado el pasado 2 de enero, que el acusado, «prevaliéndose de su condición de profesor de Religión, se aprovechó de la edad de los niños que tenía como alumnos para lograr su satisfacción». El ministerio público advierte de que los ocho menores han sufrido daños morales y problemas de desarrollo como consecuencia de los presuntos abusos reiterados. Por este motivo, reclamará al tribunal que imponga una condena también económica. Fija una indemnización que varía solamente entre los 2.000 y 4.000 euros en función de cada menor.
El ministerio público reclama, asimismo, que la condena imponga una orden de alejamiento de al menos 500 metros de distancia, así como una prohibición al acusado de poder comunicarse por cualquier medio con los menores durante 5 años.
Seis de los niños víctimas sufrieron los abusos hasta llegar a los 12 años. Los otros dos, hasta los 9 y 10 años. El fiscal recoge en su acusación el «trato vil» que presuntamente infligió el profesor a los alumnos.
