- Emigrantes españoles denuncian pucherazo electoral burocrático
- El 94% de los españoles en el extranjero no podrán votar
- Las elecciones generales del 20-D se acercan y cada vez el interés es mayor en estos comicios.
El pasado lunes, Marea Granate, el colectivo formado por emigrantes españoles,publicaba un comunicado . En el escrito describían la gran “frustración y rabia” que sienten al conocer las cifras de ruegos aceptados para votar desde el exterior en las próximas elecciones.
Las cifras hablan por sí solas porque de los 1.880.026 personas integradas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) solo el 6,11% podrán votar. Hablamos de qué más de un millón y medio de personas que lo solicitaron quedarán sin derecho a voto. Para formar parte del CERA se debe acudir a la embajada española, inscribirse en el Registro Consular y rellenar la solicitud correspondiente.
Marea Granate afirma que solo 115.055 españoles tendrán derecho a voto tras “completar la gimkana burocrática” que el gobierno exige. Además, declaran que ni siquiera este pequeño porcentaje tiene asegurado el derecho a sufragio, ya que pueden surgir otros inconvenientes como “los retrasos de correos, los imponderables y las direcciones mal escritas”, entre otros.
Desde el colectivo afirman haber “hecho todo lo todo lo posible para intentar romper las cadenas impuestas por esta Ley de Voto Rogado aprobada por el PSOE y mantenida contra viento y marea por el PP”. A la campaña se han sumado personas a título individual, medios de comunicación y redes a través de las que se ha “difundido, informado, denunciado y animado” para cambiar esta realidad. Admiten que el resultado ha sido “decepcionante”, dados los resultados.
Por ese motivo tildan de “pucherazo” la injusta ley y comparan la situación con otros métodos de pucherazo como el acarreo de votantes o la sustitución de urnas durante el recuento. Niegan que se trate de una situación derivada de “un error burocrático o un retraso logístico”. Por tanto, denuncian que el próximo 20 de diciembre serán privadas de su derecho a voto casi dos millones de personas que mostraron interés en hacerlo por culpa del gobierno y les acusan de “alterar el resultado de las urnas de manera ilegal”.
