El Consejo de Ministros de la Unión Europea está preparando una decisión que podría criminalizar o marginar la asistencia humanitaria a los refugiados, en particular la realizada a título personal, como la que desde hace meses efectúan residentes locales o sencillos turistas para salvar las vidas de los inmigrantes que llegan a las costas europeas.
La nueva normativa, de resultar aprobada, obligaría no solo a las ONG, sino a voluntarios o simples individuos a registrarse antes de prestar ayuda a los inmigrantes, según un documento oficial del Consejo de Ministros de la Unión Europea al que ha tenido acceso una organización por las libertades y derechos civiles en Europa, Statewatch.
Además, el documento confidencial, con fecha del 26 de enero, no menciona en ningún momento la exención de la que disfrutaban ahora agencias humanitarias y cooperantes, que les protegía de acusaciones de complicidad con los contrabandistas de personas.
Hay que recordar que ley europea dictamina, en este sentido, que «cualquier estado miembro puede abstenerse de sancionar un comportamiento que pudiera estar asociado con el contrabando siempre y cuando el objetivo de este comportamiento sea el de proporcionar asistencia humanitaria».
El director de Statewatch, Tony Bunyan, advierte de que las propuestas del Consejo de Ministros «criminalizarían a las ONG, a los residentes y voluntarios que trabajan heroicamente para dar la bienvenida a los refugiados en un momento en que las instituciones europeas no están haciendo absolutamente nada».
«Una Unión Europea más humana no tendría necesidad de registrar a aquellos que ofrecen ayuda a gente que ha perdido prácticamente todo», añade Bunyan.
De igual modo se pronuncia el profesor de Derecho de la Universidad de Essex, Steve Peers, que advierte de que sin la exención mencionada, «quedaría sin reconocer la labor crucial que efectúan los residentes locales y los voluntarios a la hora de rescatar y proteger a los inmigrantes que cruzan el Mediterráneo».
Se iniciaría con un experimento en Grecia
Statewatch recoge documentos que apuntan a una iniciativa europea que se traduciría en un dictamen del Gobierno griego por el que se exigiría a los individuos que se registraran en una base de datos antes de proporcionar ayuda a los inmigrantes.
El caso más radical tendría lugar en la isla de Lesbos, uno de los principales puntos de entrada, donde se exigiría tal registro a todos los ciudadanos de la isla, según un documento del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) con fecha del 21 de enero.
Esta iniciativa griega serviría de experimento que se aplicaría a otros «puntos calientes» de llegada de refugiados, tal y como queda reflejado en un informe de progresos de la Comisión Europea, con fecha de diciembre de 2015, que describe un «sistema estructurado de puntos oficiales de desembarque».
Impotencia de las ONG
La iniciativa de la UE que denuncia Statewatch pone de manifiesto las habituales fricciones entre la voluntad humanitaria y la normativa internacional sobre contrabando de personas. Sin ir más lejos, el pasado mes de diciembre al menos 31 refugiados perecieron en las aguas del Egeo sin que los cooperantes pudieran hacer nada por sus vidas porque tenían prohibido proporcionar ayuda hasta que el barco dejara aguas turcas.
«Así funciona el salvamento: nosotros intentamos impedir que la gente se ahogue pero como no están en aguas internacionales no podemos hacer nada», lamentó a ABC News el cooperante australiano Simon Lewis, cuyo equipo de rescate no fue informado de la existencia de la barca hasta que no cruzó la línea divisoria marítima. (Agencias)
