La exministra de Sanidad con Rajoy, Ana Mato, que dimitió de su puesto al frente del ministerio cuando el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz la consideró “partícipe a título lucrativo” de la corrupción de la ‘trama Gürtel’, cobrará del Congreso hasta casi 54.000 euros de dinero público en concepto de indemnización por no encontrar trabajo.
No es la única exparlamentaria que se beneficiará de esta compensación. La Mesa del Congreso aprobaba el pasado martes, según la lista publicada por eldiario.es, la solicitud de 64 exdiputados de acogerse a la indemnización por cese regulada en la normativa de pensiones del Congreso de los Diputados.
Según esta normativa, el Congreso reserva una partida de 1,3 millones de euros para indemnizar a los parlamentarios que abandonan su cargo y no se reincorporan al mercado laboral tras dejar la Cámara Baja. Se trata de un pago de 30 días por año ejercido como diputado hasta un máximo de 24 meses, que es incompatible con cualquier otro ingreso procedente tanto del sector público como del privado.
La cuantía mensual que reciben los diputados es equivalente a una mensualidad de su asignación constitucional (2.813, 87 euros en 2016) por cada año en el Congreso. De este modo, Ana Mato, que empezó a cobrar el 12 de febrero tras ser cesada como diputada el pasado 13 de enero, tiene derecho a 19 meses de indemnización por los 19 años que pasó en el escaño (de 1993 a 2004 y de 2008 a 2016), un total de 53.464,53 euros.
Otros diputados con más años de escaño a sus espaldas cobrarán, por tanto, una indemnización superior a la de Ana Mato, como su compañero de bancada en el Partido Popular Ignacio Gil Lázaro, que recibirá el total de la prestación 67.525,68 euros (24 meses), o la socialista catalana Isabel López Chamosa, que tras 20 años ejerciendo se llevará 56.277,4 euros.
Entre los 64 exdiputados que se han acogido al derecho a cobrar la prestación mientras no encuentran trabajo se hallan 41 del PP, 16 del PSOE, 3 de IU, 2 de Amaiur, 1 del BNG y 1 de CIU. De estos, tan solo 6 han comunicado ya al Congreso su reinserción al mundo laboral y han dejado de cobrar la indemnización, como la socialista Trinidad Jiménez, que pasó a ser contratada por Telefónica el pasado 29 de febrero, un mes y medio después de pedir que se le abonara la indemnización.
