Los senadores de Compromís, Carles Mulet y Dolors Pérez, han registrado en el Senado una moción en la que se insta al Gobierno a iniciar los trámites necesarios, incluyendo las modificaciones legales oportunas, para suprimir las diputaciones provinciales, que considera «innecesarias, de dudoso funcionamiento democrático y excesivamente costosas para el erario público».
Según ha explicado la formación en un comunicado, se insta también al Ejecutivo a tomar las decisiones oportunas para que se mantengan los servicios que las diputaciones prestan a los municipios, por delegación, pasando provisionalmente a depender de los gobiernos autonómicos, que las podrán administrar mediante sus delegaciones y los servicios territoriales de las diferentes consejerías.
Compromís ha recordado que la división del Estado en diputaciones provinciales se ideó en el proceso constituyente de Cádiz en 1812, organizando el territorio en 31 provincias. La constitución de Cádiz, agregan desde el partido, las creaba no sólo como instrumento de promoción de los pueblos que abarcaran su circunscripción, sino como un órgano intermedio entre el poder central y los municipios.
Asimismo, agregan que en 1833 Javier de Burgos establece la división provincial de España, con una estructura prácticamente idéntica a la que se mantiene en la actualidad. «En el siglo XIX una España rural, con malas comunicaciones, dificultaba mucho la organización territorial y se optó por dividir el territorio de la manera que entonces se estimó oportuna de acuerdo a las posibilidades de aquella época con una intencionalidad clara de una visión centralista del Estado, que quería tener en cada parte su administración periférica cortada por el mismo patrón», señalan.
Según el senador Carles Mulet, «desde entonces el Estado ha ido avanzando y hemos creado un Estado de las Autonomías, donde estas nuevas realidades políticas y administrativas asumen plenamente las funciones para las cuales fueran creadas las diputaciones: son instrumentos de promoción de sus municipios y son órganos intermedios entre el poder central y las administraciones locales».
Con el Estado de las Autonomías, «las competencias ejercidas hasta entonces por las diputaciones se transfirieron y solo preservaron la coordinación de planes y obras de servicio, que hoy día solapan las inversiones del Plan Local que impulsa el Gobierno Autonómico en virtud de sus competencias en administración local».
Para Compromís, «llegados a este extremo se ha incurrido en el vicio de ejercer competencias que no son propias para justificar su propia existencia, como la promoción turística, la política cultural o, incluso, la creación de una realidad territorial espacial».
«No tienen sentido»
Así, consideran que «no se trata de desmerecer ni menoscabar el posible papel histórico que han podido tener las diputaciones para la prestación de servicios, pero desde el despliegue del actual modelo no tienen sentido».
Además, agregan las mismas fuentes, el encaje de las diputaciones en esta nueva realidad «ha sido bastante dispar según comunidades» porque «mientras en algunas se han podido ir vaciando de competencias y presencia, en otras se ha convertido en auténticos reinos de taifas, en nidos de corrupción, clientelismo y control partidista del territorio, reinstalando o manteniendo una estructura caciquil».
«En el caso valenciano, con ejemplos como Joaquín Ripoll, Carlos Fabra, Francisco Martínez o Alfonso Rus, se entiende más que en ningún otro sitio la necesidad urgente de cerrar la diputaciones y, si puede ser, con algunos de sus dirigentes dentro. Cerrados con siete llaves y lanzadas al mar, ya que las han convertido en nidos de corrupción y malversación de dinero público, además de haberlas convertido en organismos inútiles», ha concluido Mulet.
