La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha aprobado por primera vez una iniciativa en la que se insta al Gobierno a derogar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana puesta en marcha por el PP en 2015 –llamada «Ley Mordaza» por sus críticos–, incluidas las denominadas «devoluciones en caliente» que el Ejecutivo llama ‘rechazo en frontera’.
En su intervención, el diputado del PSOE José Miguel Camacho ha censurado que con esta Ley «se conculcan derechos fundamentales» y ha pedido volver a la Ley de 1992. Por ello ha admitido la inconveniencia de derogar por completo la Ley actual porque dejaría «sin instrumentos a las fuerzas de seguridad», pero ha abogado por reformarla «para cambiar todos aquellos preceptos que ya recurrió el PSOE ante el Tribunal Constitucional». «Por lo tanto, la derogación total no tendría mucho sentido, pero sí toda la modificación que introdujo el PP en la pasada legislatura», ha zanjado.
‘No’ a las devoluciones en caliente
El promotor de la iniciativa, el diputado de ERC Gabriel Rufián, considera que esta ley «debería avergonzar a sus perpetradores (al PP)». A su juicio, se trata de una de las «reformas más indignas y reaccionarias» de cuantas iniciativas emprendió el «rodillo absolutista del PP» en la pasada legislatura.
Ha dicho que la norma «hace bueno, «con el permiso del inefable ministro Jorge Fernández Díaz», al ministro socialista Corcuera, autor de la Ley anterior de 1992 conocida con el nombre de ‘Ley de patada en la puerta’. «Es una ley que escandaliza a Amnistía Internacional y a las organizaciones internacionales pro derechos humanos, que legaliza recibir a palos y pelotazos a centenares de personas que se encaran a una valla de Ceuta y Melilla, pese al deseo que les hizo marchar de sus países», ha alertado el republicano catalán.
Desde diciembre de 2014 existe un compromiso parlamentario por derogar esta normativa en cuanto cambiase la mayoría del arco parlamentario. En concreto, uno de los puntos que más críticas generó por parte de la oposición fue el rechazo en frontera de inmigrantes en Ceuta y Melilla, lo que la iniciativa parlamentaria viene a llamar «devoluciones en caliente», que fueron recurridas ante el TC de forma conjunta por PSOE, IU-ICV-CHA, UPyD, Compromis y Coalición Canaria.
(Agencias)
