El empresario investigado en la causa abierta por supuestas irregularidades en el Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) durante la etapa de Consuelo Ciscar, Enrique Martínez, intercambió un correo electrónico con el que fue subdirector de Administración y Finanzas del centro de arte, Juan Carlos Lledó, -también en condición de investigado- en el que le dice que le va a mandar de nueva una relación de «facturitas» y le pide que le «eche un cablecito».
Así figura en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) incluido en el sumario de la causa que investiga presuntos sobrecostes en la compra de obras de arte y publicaciones, entre otras cuestiones.
En esta causa, están investigados -imputados, según la antigua denominación de la Lecrim- la exdirectora del IVAM Consuelo Ciscar, los que fueran subdirectores de Administración y Finanzas del centro de arte, Juan Carlos Lledó; de Gestión Interna, Juan Bría; de Publicaciones, Norberto Martínez; y Técnico Artística, Raquel Gutiérrez, así como un empresario, el administrador de Valsatrans y Logística del Arte, Enrique Martínez.
En el informe policial, al que ha tenido acceso Europa Press, se informa al juzgado que se está procediendo al estudio de toda la información contenida en las copias de seguridad informáticas solicitadas y que se trata de información «muy extensa», ya que consta de archivos desde 2006 hasta el año 2014.
Los investigadores aportan algunas de las líneas que se están siguiendo en las pesquisas y, en este sentido, reproducen un correo recibido por parte de Juan Carlos Lledó el día 23 de octubre de 2013 por parte de Enrique Martínez, ambos investigados.
En el mail, titulado en el asunto ‘Desde La Habana’, se dice literalmente: «Hola amigo, qué tal?? Me tienes olvidado, mira a ver si me hechas (sic) un cablecito y me puedes mandar algo de aire, Ana Mari mañana te pasará, si no te molesta, otra vez la relación de ‘facturitas’, es lo que no hace sobrevivir, ja ja ja (sic). Aquí estoy intentado salir hacia delante, todo aquí es muy lento, pero jolin, por lo menos es gratificante, que es bastante importante. Anda, ayudame. Lo celebraremos con un buen RON. Te adelanto las gracias, no quiero aburrirte con mis peticiones, pero por poco que sea me viene de miedo. Besazos».
Una persona anónima fue la que dirigió a la Fiscalía Anticorrupción de Valencia un escrito en el que denunciaba supuestas irregularidades y «expolio» de la exdirectora del Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) Consuelo Ciscar y de su marido, el exconseller de Solidaridad Rafael Blasco -actualmente en prisión por fraude en las ayudas a cooperación- e instaba a investigar «el inventario de cuadros y obras de arte del IVAM, las compras y los regalos».
La persona que remite la carta pedía al fiscal que entendiera que hacía la denuncia «desde el anonimato» y afirmaba que había podido estar cerca de los que hasta ahora eran «poderosos», al menos en «desvergüenza y codicia». En el escrito, el denunciante aseveraba que el matrimonio formado por Ciscar y Blasco posee «una de las mayores fortunas de Valencia en obras de arte, robadas del IVAM y regaladas por los distintos autores a cambio de promoción, exposiciones y giras por todo el mundo a costa de fondos públicos».
Llegaba a decir que «hasta empleados del IVAM comentan que había veces que sin ‘cortarse un pelo’ salían por la puerta con algún que otro cuadro» y añadía que había podido ver «personalmente» un sótano en una de las propiedades de la pareja habilitado para albergar obras de arte.
También se refería a Enrique Martínez, otro de los investigados en la causa que instruye el juzgado número 21 de Valencia, y animaba a comprobar que se «hinchaban facturas» peritando los costes de las exposiciones y los traslados del centro de arte.
La Fiscalía sostiene que existió un «evidente sobrecoste» en la adquisición de obras de arte compradas por decisión de la exdirectora del Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) Consuelo Ciscar, investigada en la causa abierta por presuntas irregularidades durante su etapa al frente del museo. En concreto, manifiesta que ordenó la compra de piezas de Gerardo Rueda, que aún no estaban realizadas, «beneficiando al heredero» del artista en 2.657.177 euros.
La causa sobre el IVAM está a cargo del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia. En auto del pasado mes de enero, tras levantarse el secreto de sumario, la magistrada consideraba que Consuelo Ciscar, como máxima responsable del museo, tuvo una «directa» participación en todos los asuntos relacionados con su gestión y en las irregularidades y deficiencias detectadas por la Intervención General que, entre otras cosas, alertaba de compras de obras de arte por más de un 1.500 por ciento más del valor de mercado.
A juicio de la instructora, hasta el momento resulta «indiciariamente» acreditada la existencia de hechos delictivos cometidos en el seno de la administración del IVAM -tanto en la adquisición de obras de arte como en la contratación de publicaciones- que habrían supuesto un «evidente perjuicio» a los fondos públicos con los que se gestionaba el museo «pagando importes no justificados por obras de arte o por publicaciones que resultaba evidente que no respondían a ese valor, con un claro lucro a terceros».
La jueza también hacía referencia a la decisión «unilateral» de Ciscar -según declararon testigos en dependencias policiales- de «imponer» al administrador de Valsatrans y Logística del Arte, Enrique Bienvenido Martínez para la ejecución de los transportes de obras de arte del IVAM, bien en exposiciones en el exterior u otras, «sin acomodación alguna a la legalidad vigente en materia de contratación del sector público, beneficiando con ello a tal persona, al igual que en los supuestos de publicaciones, beneficiando a las empresas destinatarias» de su decisión «sin someterse a la legalidad vigente en materia de contratación».
