La juez de Vigilancia Penitenciaria del Juzgado número 3 de Madrid ha concedido el tercer grado penitenciario al ex presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra.
Esta decisión se ha producido en contra del criterio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que se opuso a la concesión de este tercer grado por la que Fabra sólo tendrá que acudir a pernoctar a la prisión.
Actualmente el preso se encuentra interno en la cárcel de Aranjuez y estaba clasificado en segundo grado lo que le había permitido disfrutar de varios permisos ordinarios de salida de la cárcel.
El fiscal se opuso al recurso de Fabra contra la decisión de la prisión de denegarle el tercer grado al tener en cuenta la gravedad de los delitos fiscales por los que fue condenado, que no ha cumplido su compromiso de pago de responsabilidad civil y que su pronóstico de reincidencia «es medio alto».
Para la Fiscalía, su buena conducta en prisión y su apoyo familiar no son «datos indicativos ni relevantes» que justifiquen la progresión de grado «al ser habitual en quienes cometen este tipo de delitos».
Pero la juez María del Prado Torrecilla rebate los argumentos del fiscal, considera que la ley obliga a tener en cuenta el comportamiento del preso a la hora de evaluar una recalificación y estima que se han cumplido todos los requisitos necesarios para pasar al tercer grado.
Argumenta la juez en contra del fiscal que los delitos por los que fue condenado «no son graves», dado que están penados con menos de cinco años, y agrega que la condena que asume es corta: tres años por cuatro delitos fiscales al aplicarse el límite de cumplimiento
María del Prado Torrecilla fue suspendida de sus funciones durante siete meses en 2003, por presionar a su compañera Reyes Jimeno para tratar de que concediera el tercer grado penitenciario a Mario Conde.
La Audiencia de Castellón condenó a Fabra, en noviembre de 2013, a cuatro años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, a una multa de 693.074,33 euros y a indemnizar a Hacienda con la misma cantidad por el total de la cuantía defraudada durante los ejercicios 1999, 2000, 2002 y 2003 más intereses legales.
La sala apreció la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. La petición de cárcel para Fabra por parte de Fiscalía llegó a alcanzar los 13 años de prisión, una multa de 1,98 millones de euros y una indemnización de 693.000 euros. Sin embargo, la sentencia le absolvía de los delitos de tráfico de influencias y cohecho.
(Postdigital/Agencias)
