Desde las pasadas elecciones autonómicas y locales del 24 de mayo de 2015, muchos han sido los ayuntamientos, de mayor y menor tamaño, en los que las formaciones políticas que lograban acceder a la alcaldía con un cambio de gobierno se sumaron al gesto de renunciar a los coches oficiales pagados con dinero público para “dar ejemplo” de gestión responsable contra el despilfarro.
En la mayoría de los casos, la renuncia al coche oficial se produjo al inicio de la legislatura y ha conllevado la subasta de los vehículos para evitar los costes de mantenimiento anuales y recuperar también parte del dinero invertido en la compra del automóvil, en algunos casos productos de lujo incomprensibles para pequeños ayuntamientos, como es el caso de la localidad alicantina de Almoradí, con menos de 20.000 habitantes y por cuyas calles paseaba el anterior alcalde del PP en un coche que costó a los almoradidenses más de 72.000 euros.
Algo más ha tardado el pequeño Ayuntamiento de Totana, en Murcia, asolado por la corrupción y con un exalcalde del PP procesado, en sumarse al carro de la venta del coche oficial pero, en esta ocasión, se trata de casi un trueque, ya que, tras doce años de gobierno del Partido Popular, el pleno del Ayuntamiento, gobernado ahora por la coalición Ganar-IU-Verdes y Clias, ha aprobado destinar el dinero de la venta a la compra de una furgoneta para el traslado de personas dependientes o impedidas.
El coche oficial, un Volvo S80 D5 Monumentum Automático, vehículo de lujo por el que el Consistorio pagó 40.000 euros y que estaba destinado solo a los viajes de su titular, pasa ahora a ser un bien de carácter patrimonial, ya que el nuevo alcalde no lo va a utilizar al considerarlo “excesivo e inapropiado para la prestación del servicio al que está destinado” y ve más conveniente para el interés general el proceder a su enajenación y cambiarlo por un vehículo que pueda ser utilizado por los ciudadanos necesitados, como son los usuarios de los centros públicos sociosanitarios de la población.
