Por ello, ratificó que Seittsa, sociedad dependiente de su Ministerio, se está ya preparando para cuando tenga que quedarse con alguna autopista y abordar su posterior «relicitación».
Al ceder de nuevo la concesión de estas vías, Fomento podría obtener así recursos para afrontar la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA) que supondría su rescate previo, que, de esta forma, no impactaría en las arcas públicas.
La RPA es el importe que el Estado debe abonar a los actuales concesionarios de las autopistas por la inversión que realizaron en su construcción, una ‘factura’ «inferior a los 3.000 millones de euros», según el ministro, pero que el sector calcula en unos 5.000 millones.
Durante su intervención en el ‘Agora’ de ‘El Economista’, De la Serna confirmó que ha concluido sin acuerdo la negociación que emprendió al llegar al Ministerio con los acreedores de las vías, en su mayor parte ‘fondos buitre’, sobre el plan de rescate planteado en 2014.
GIRO EN LOS TRIBUNALES
