El hermano de Ignacio González, Pablo González, repartió mordidas y sobornos con miembros del Gobierno de Maduro en Venezuela para lograr contratos públicos en el país caribeño. Así lo evidencian varios pinchazos realizados en su teléfono por la Guardia Civil, según ha podido saber el diario El Mundo de fuentes de la investigación. Además, como directivo de la empresa pública Mercasa, el hermano de Ignacio González habría recibido comisiones «en todos los sentidos» por negocios en Angola, Panamá, Argentina y República Dominicana.
La corrupción en Mercasa, investigada por el juez José de la Mata y la Fiscalía Anticorrupción, seguía el siguiente modus operandi: se conseguían contratos públicos y se pagaban muy por encima del precio de mercado, después se desviaba parte del montante total para pagar a los funcionarios que habían facilitado la adjudicación y, por otro lado, aprovechaban el movimiento del dinero para que parte de este terminara en el bolsillo de los involucrados en la operación.
Los investigadores dan por seguro, apoyándose en varias conversaciones telefónicas mantenidas por Pablo González, que este llevó a cabo prácticas corruptas en Venezuela junto con el Gobierno de Nicolás Maduro, valiéndose de su cargo de director de Operaciones y Estrategia de la empresa pública Mercasa y de sus contactos con la Venezuela Bolivariana.
Según la información de los investigadores, el propio Pablo González admitió en varios pinchazos haberse puesto en contacto con miembros del Gobierno venezolano para llevar a cabo el apaño y conseguir al menos un contrato. En la conversación, González admite que miembros del Gobierno chavista le habían indicado a qué constructora debía subcontratar cuando consiguiera la adjudicación. Las investigaciones efectuadas confirmaron después que se llevó a cabo dicha subcontratación.
La clave en la operación se produjo después, según el mismo González destapó en las escuchas: la subcontratación se cargó un 10% más porque con ese dinero se pagaba al funcionario del que había dependido la adjudicación del contrato.
Los investigadores apuntan a que la división internacional de Mercasa seguía en todos estos países el mismo modus operandi: contratos por encima del precio de mercado para desviar una parte del dinero al pago de sobornos a funcionarios de estos países y otra parte destinada a aumentar el patrimonio privado de directivos como el propio Pablo González o el presidente de este consorcio, Eduardo Ameijide. Según los investigadores, el reparto de comisiones se llevó a cabo “en todos los sentidos”, y en el caso de Panamá llegaron a sobrecostes de hasta el 400%.
