Un total de 40.647 personas dependientes murieron en 2016 sin haber recibido la prestación reconocida y este año podrían ser 34.000, según la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que ha lamentado la «insumisión» del Gobierno con la Ley de la dependencia.
Los datos los ha aportado el presidente de la Asociación, José Manuel Ramírez, en un acto en el Congreso en el que ha hecho un balance del pacto por el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que hace un año firmaron todos los grupos parlamentarios, salvo PP y PNV.
El pacto firmado entonces buscaba entre otros objetivos revertir en los presupuestos de 2017 los recortes en el sistema de la dependencia, aprobar un modelo estable de financiación del SAAD y no modificar la ley sin un consenso similar al menos al que se logró al cuando la norma fue aprobada hace ya once años.
Por otro lado, según los datos del Observatorio Estatal para la Dependencia, el presupuesto destinado por la Administración central se ha ido reduciendo cada vez más, desde el 40% de 2009, hasta llegar a suponer tan solo el 15,9% del total de los fondos destinados a atender a personas dependientes. Las regiones han tenido que ir aumentando su parte proporcional de presupuesto hasta situarse en el 64,7% actual.
Cada 15 minutos muere un dependiente sin recibir la ayuda
En el acto, al que han acudido también representantes de todos los grupos que firmaron el documento, Ramírez ha destacado que la lista de espera de dependientes con la ayuda reconocida es de 320.000 y que cada 15 minutos muere uno de ellos sin haber recibido la prestación.
El presidente de la Asociación ha subrayado que los datos oficiales de los últimos informes de la Comisión para el análisis de la situación del SAAD, derivada de la Conferencia de Presidentes, reconocían que en el año 2016 se habían producido 40.647 fallecimientos de personas, que, siendo dependientes con derecho a atención, no habían llegado a beneficiarse de las prestaciones o servicios oportunos y que les correspondían.
Para Ramírez, el Gobierno «ha pisoteado» los derechos de los dependientes y de sus familias y les ha causado «un sufrimiento terrible».
El coste del copago se mantiene en el 20,4%
De acuerdo con el balance de la Asociación, en el primer semestre del año el Sistema ha tenido un gasto de 3.700 millones de euros, solo 86 millones más que en los seis meses anteriores; además, la asunción del copago de los ciudadanos se mantiene en un 20,4% del gasto, y la aportación del Estado sigue siendo «claramente insuficiente».
En este sentido, el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha recordado que la subida anunciada por la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, el pasado mes de octubre de las cuantías del nivel mínimo de protección a las personas dependientes -el que aporta el Estado- solo supondría el equivalente a reducir la lista de espera en un 3 %.
Por otra parte, Ramírez ha remarcado que se ha incrementado el número de personas atendidas, pero han sido, fundamentalmente, las valoradas con Grado I (los dependientes moderados) y que reciben una ayuda «de bajo coste» como la teleasistencia, la cual tiene un coste medio de tan solo 25 euros al mes.
Con todo ello, Ramírez ha pedido a los partidos que han acudido al acto una reunión «al más alto nivel» para poner en la agenda política y pública la dependencia, y que no modifiquen la ley sin antes solucionar el problema de la financiación.
Los representantes de los grupos parlamentarios -PSOE, Podemos, Ciudadanos, PDCAT, Compromís, Nueva Canarias, UPN y PDCat- han coincidido en la necesidad de dotar a la ley de una financiación suficiente.
También ha intervenido la presidenta de la Coordinadora de Plataformas en Defensa de la Ley de la Dependencia, Aurelia Jerez, quien, entre otras cosas, ha reclamado que se unifiquen los criterios de valoración entre las comunidades autónomas y que se recuperen las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores en el entorno familiar, que en más de un 90% son mujeres. (Postdigital/Agencias)
