La contundente confesión de este martes del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, acusando directamente al PP valenciano, a través de su entonces secretario general en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, de obligarle a firmar facturas falsas para financiar ilegalmente los actos de campaña del partido, “si quería cobrar”, ha provocado un terremoto entre los acusados de la Audiencia Nacional, que ahora parecen dispuestos a tirar de la manta apresuradamente para llegar a acuerdos con la Fiscalía.
Así, los abogados del exsecretario de Organización del PP de Galicia y ‘número dos’ de la trama, Pablo Crespo, y de Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ han solicitado este miércoles la suspensión del juicio por la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana de acuerdo con el artículo 746 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé la suspensión de la vista oral “cuando revelaciones o retractaciones inesperadas produzcan alteraciones sustanciales en los juicios, haciendo necesarios nuevos elementos de prueba o alguna sumaria instrucción suplementaria”.
El juez ha atendido a esta petición y ha suspendido el juicio hasta el viernes, que se reanudará con la declaración de Crespo, para el que piden 22 años de prisión, y que continuará con la de ‘El Bigotes’, que se enfrenta a 27 años de cárcel.Antes de tomar esta decisión el magistrado ha preguntado a la defensa de los acusados que concretase si este interés de interrumpir temporalmente, al menos 48 horas, la celebración del juicio tiene relación a la declaración de Correa. Ambos abogados han confirmado que sus clientes aportarían elementos o hechos relevantes para la causa.
Maniobras fraudulentas del PP
Correa afirmó este martes durante su declaración que el PP de la Comunidad Valenciana, y concretamente el exsecretario general del partido regional, Ricardo Costa, el que indicaba a Orange Market, empresa vinculada a la trama Gürtel, los empresarios a los que debían facturar los actos de las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y de las generales de 2008 si “querían cobrar”.
En esta línea, en un escrito dirigido al magistrado unos días antes de que comenzase la vista oral, el líder de la Gürtel reconoció que el PP, liderado entonces por Francisco Camps, pagó a Orange Market en negro y con facturas falsas los servicios prestados para la organización de las campañas electorales de 2007 y 2008.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía el PP pagó a esta empresa un total de 3,4 millones de euros en actos electorales y otros eventos entre 2007 y 2008. Sobre los gastos electorales, se precisa que la formación política abonó 2,03 millones de euros, de los cuáles 1,2 millones fueron sufragados por los empresarios.
Rebajas de pena
El abogado de Crespo ha recordado que su defendido está en “situación de prisión preventiva” y que le gustaría tener un margen de tiempo para poder estudiar la confesión del líder de la Gürtel junto a él “para ver si la línea de estrategia de defensa puede ser la misma o experimentar variación”.
Si Crespo y ‘El Bigotes’ finalmente acceden a hacer una confesión durante sus declaraciones, siguiendo la estrategia de colaboración con la Justicia de Correa, la Fiscalía Anticorrupción podría atender a una rebaja de su solicitud inicial de pena.
Al inicio del juicio, la fiscal anunció que si se corroboraba que el líder de la Gürtel -que se enfrenta a 22 años de prisión- reconoce todos los hechos, estaría abierta a atenuar su solicitud de condena. (Postdigital/Agencias)
