[Informe] El IBEX 35 en guerra contra la vida
Se pretende así mostrar la otra cara de la marca España, a través de la descripción de tres conflictos:
La extracción de gas del proyecto Camisea en la Amazonía peruana por parte de Repsol.
La construcción del complejo hidroeléctrico Renace por parte del Grupo ACS en Guatemala.
El Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec en México que involucra a Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona y Renovalia.
Lejos de constituir casos aislados de malas prácticas, los ejemplos descritos en este informe dan cuenta de un problema sistémico. Por eso, todos ellos presentan patrones comunes en la actuación de las transnacionales.
Ante este escenario, no es de extrañar que las mujeres estén asumiendo, cada vez más, un rol protagónico en la defensa del territorio y la naturaleza. El informe reconoce el papel fundamental de las mujeres activistas frente a los intereses corporativos. Con su trabajo diario, las defensoras recuperan el espacio político en el cual no han sido reconocidas y se constituyen como referentes para poder construir paradigmas de vida alternativos frente a un escenario global de crisis ecológica y civilizatoria.
Frente a esta situación, el informe señala la necesidad urgente de poner en marcha varias medidas políticas, entre ellas:
Impulsar y establecer marcos normativos nacionales e internacionales jurídicamente vinculantes sobre empresas transnacionales y Derechos Humanos, que establezcan regulaciones de obligado cumplimiento e impongan sanciones frente a las violaciones cometidas.
Suspender y abandonar las negociaciones sobre tratados de comercio e inversión (como el TTIP, CETA, TISA y otros que la Unión Europea pretende implementar con México, Mercosur, Japón, etc.), ya que refuerzan la arquitectura jurídica de la impunidad a favor de las transnacionales y ponen la generación de beneficios económicos por encima de cualquier proceso de reproducción de la vida.
Incentivar el desarrollo de formas de economía social, feminista y ecológica, centradas en el bien común y no en la acumulación de plusvalía monetaria, que pongan en el centro los procesos la sostenibilidad de la vida y garanticen la equidad social.