A partir de este domingo, otras dos autopistas de las nueve que están en quiebra serán rescatadas por el Gobierno para asumir con dinero público las pérdidas y volver a privatizarlas una vez que estén saneadas. Se trata del tramo de la AP-7 comprendido entre Cartagena (Murcia) y Vera (Almería), con 510 millones de euros de deuda, y de la Circunvalación de Alicante, con una deuda de 251 millones.
Además de estas dos autopistas, en lo que va de año han sido rescatadas ya otras tres, que han pasado a ser gestionadas por la empresa pública SEITTSA: la R-4 entre Madrid y Ocaña (Toledo), la R-2 entre Madrid y Guadalajara, y la AP-36, que discurre entre Ocaña y La Roda, la tercera hace tan solo dos semanas.
Las nueve autopistas presentan una deuda de unos 3.400 millones de euros pero según los cálculos de la patronal de grandes constructoras, Seopan, el coste final para los bolsillos de los contribuyentes podría elevarse hasta los 5.500 millones de euros de dinero público.
Los motivos de la quiebra de estas autopistas se encuentran en el sobredimensionamiento en proyecto del tráfico previsto para estas vías, los sobrecostes en las obras, los sobrecostes en la expropiación de los terrenos sobre los que se construyeron las vías la pasada década y el desplome de sus tráficos de vehículos durante la crisis.
Estas autopistas son las primeras que el Estado tiene bajo su gestión en más de una década, después de que en mayo de 2006 privatizara la entonces Empresa Nacional de Autopistas (ENA), pero volverán a pasar a manos privadas antes de que finalice 2018, ahora que podrían ser rentables cuando se están dando incrementos en el tráfico en ellas de entre el 6% y el 10,2% con respecto a un año antes.
Un sistema en el que las grandes y la banca nunca pierden
El Estado está obligado a reparar o responder por el daño según la Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas (RPA), que resulta del todo ventajosa para las sociedades gestoras de las autopistas, formadas por constructoras, bancos y operadoras de infraestructuras.
Las empresas concesionarias de las autopistas, creadas para tal fin y controladas por la constructora, solicitan mediante este sistema a la misma constructora que construya la autovía y le paga por la obra a través de un préstamo que pide a los bancos.
En el caso de quiebra posterior, la constructora ya ha cobrado por la obra y, según la RPA, el Estado debe hacerse cargo de la deuda, quedando los bancos protegidos.
Estas nueve vías quebradas suponen una casi una quinta parte (570 kilómetros) de la red de pago. Su construcción supuso una inversión de 7.000 millones y actualmente soportan una deuda de 3.200 millones.
