El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha abierto una investigación por el incumplimiento del Gobierno de las recomendaciones hechas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de vivienda social y desahucios.
El Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU determinó en julio de 2017 que España violó el derecho a la vivienda de una familia con hijos menores que fue desahuciada en 2013 sin que se le proporcionara una vivienda alternativa aunque la solicitaron hasta trece veces, por lo que acabó durmiendo en un coche.
Ante este caso, la ONU instó a España a formular y aplicar un plan integral que garantice el derecho a la vivienda adecuada a personas de bajos recursos, además de a tomar todas las medidas necesarias para ayudar a esa familia a obtener una vivienda y a darle una indemnización por la violación de sus derechos.
La ONU también reprendió a España el pasado abril asegurando que las medidas de austeridad en nuestro país llevadas a cabo por el Gobierno han perjudicado el derecho a la vivienda de los más pobres.
Y en febrero también emitió un informe suspendiendo a España por la desprotección de la infancia, destacando “el impacto negativo de los recortes en inversión pública para la implementación de la Convención de los Derechos del Niño, particularmente en niños con discapacidades o en situación de marginalidad, y especialmente en educación, sanidad, vivienda y protección social”, con una inversión muy por debajo de la UE.
Ahora, el Defensor del Pueblo ha abierto una investigación por el incumplimiento del Estado de las recomendaciones de la ONU en materia de vivienda, al considerar que no está prestando la debida consideración al dictamen del Comité.
Es el resultado del trabajo de diversas organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que presentaron una queja por este motivo ante el Defensor del Pueblo.
Además, el Defensor considera que España también habría incumplido su obligación de divulgar la decisión del Comité, al limitarse a publicarlo en el Boletín del Ministerio de Justicia, y ha pedido que aparezca en el Boletín Oficial del Estado (BOE). (Postdigital/Agencias)
