El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid ha anulado la venta de 2.935 viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) al fondo de inversión Azora Gestión por parte del Gobierno regional al considerar que dicha adjudicación “no se ajusta a derecho” al no estar justificada.
En concreto, el fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que la enajenación de las viviendas repartidas en 32 promociones se justificó señalando que “no eran necesarias”. Sin embargo, alegan que esta afirmación ni está explicada ni justificada.
“No se ofrece ni justifica la razón o el porqué dejan de ser necesarias dichas promociones, cuando juntan un total de 2.935 viviendas que cumplen una labor social, como es la de proporcionar a clases desfavorecidas una vivienda digna”, argumenta la sentencia.
Esta anulación viene recogida en la misma sentencia por la que este juzgado estima la demanda de una vecina de Navalcarnero y anula la transmisión de su contrato de alquiler del IVIMA al fondo buitre.
La Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI) y la FRAVM han recibido con “mucha alegría” la noticia que abre una nueva ventana a la esperanza de las casi 3.000 familias afectadas, que desde hace más de cuatro años pelean para que se revierta la operación y se restituyan sus derechos como moradores de vivienda protegida.
Es decir, para lograr justicia y reparación. Un hecho que sería posible hoy mismo si tuviera voluntad para ello el actual Gobierno regional, presidido por el popular Ángel Garrido y sostenido por Ciudadanos. “La justicia, una vez más, a pesar de su lentitud, nos ha dado la razón, y por eso estamos muy satisfechos, pero tiene que haber una solución real cuanto antes, por lo que pedimos a la Comunidad de Madrid que no recurra la sentencia y atienda de una vez por todas las necesidades de las familias afectadas”, indica AVVI.
El Gobierno autonómico y Azora Gestión, que son las entidades demandadas, tienen quince días para recurrir el fallo del juzgado n.º 29, que resuelve una demanda de una vecina afectada residente en una promoción de Navalcarnero.
