El Gobierno ha aprobado este viernes la restitución de la sanidad universal en nuestro país, eliminada en 2012 por el anterior gobierno de Mariano Rajoy en plena oleada de recortes.
Mediante Real Decreto, el Consejo de Ministros ha aprobado la modificación de la reforma del PP que excluyó del derecho a la atención sanitaria a diversos colectivos, de manera que vuelve a ligar la asistencia a la ciudadanía y no al concepto de asegurado.
La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, ha anunciado este viernes la aprobación de la medida en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha anunciado que se establece como titulares del derecho a recibir asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación administrativa irregular, así como a las personas nacionalizadas en España, a los extranjeros residentes, a los pensionistas que residen en otros países y a los trabajadores transfronterizos.
Sin embargo, para evitar casos de «abuso» y el polémico turismo sanitario, esta asistencia se financiará en los casos en los que no existe un tercero obligado al pago o no se pueda exportar el derecho de cobertura al país de origen, y se repercutirá el gasto a otro país o aseguradora cuando sea posible.
«Una sociedad justa no deja a nadie atrás. Hoy se recupera la universalidad en el derecho a la salud gracias a una norma que armoniza y da cohesión al SNS y que, además, genera igualdad», ha afirmado la ministra de Sanidad, Carmen Montón, que ha añadido que «lo que justifica la norma es la mejora de la salud individual de los que quedaron fuera y la salud pública de la sociedad», ya que dejar a colectivos sin asistir puede repercutir negativamente en la salud del resto de la sociedad, constituyendo un problema de salud pública.
«La universalidad no supone un mayor coste. La atención normalizada en atención primaria permite el control de las enfermedades y evita que se agraven y que los pacientes tengan que acudir a urgencias o sean hospitalizados, lo que se traduce en mayor gasto sanitario», ha explicado Montón.
Por otro lado, con este cambio de normativa, el Gobierno atiende las demandas de organismos internacionales como la Unión Europea o la Organización Mundial de la Salud, y da respuesta a una problemática de desigualdad que muchas comunidades autónomas han tratado de solventar por su cuenta, aprobando normativas regionales que se encontraron con bloqueos por parte del anterior Gobierno central del PP.
Es el caso de la Comunidad Valenciana, donde, con el cambio de gobierno autonómico en 2015, la Generalitat decidió revertir la situación de riesgo para la salud pública de la reforma del PP mediante un decreto-ley que devolvía la universalidad de la atención sanitaria en la comunidad, pero que el Gobierno de Rajoy recurrió ante el Tribunal Constitucional, logrando que este declarara la inconstitucionalidad de la medida valenciana e impidiera su aplicación.
