La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto al «prematuro y desorbitadamente intempestivo» archivo de una de las piezas del caso Villarejo en un duro escrito al juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea donde le acusa de obviar «palmariamente» datos de interés para la investigación.
Los fiscales afean que De Egea cerrase la causa «de oficio», «sin justificación alguna», sin que nadie se lo solicitase y sin dar traslado a la fiscalía, lo que puede afectar «al esclarecimiento de los hechos».
Y critican el «carácter intempestivo del sobreseimiento», dado que el juez no esperó a que se practicasen algunas diligencias, como el análisis de varios dispositivos electrónicos de Villarejo y Redondo.
Tampoco esperó a saber -prosigue el escrito- si los tres investigados le habían facilitado a Villarejo los teléfonos de dos de las personas a las que supuestamente querían espiar para que el comisario jubilado Enrique García Castaño, investigado en otra pieza, analizase el tráfico de sus llamadas.Dicha diligencia de investigación afectaba, según la fiscalía, a los indicios de criminalidad de Villarejo, García Castaño y los dueños de la urbanización, ya que «existen serios y elementales indicios que revelan» que éstos últimos sabían que Villarejo era comisario en activo en aquel momento y que, junto a Redondo, contaba con una «fuente policial para conseguir información».
Según Anticorrupción, el propio Villarejo les dijo en alguna ocasión: «Soy un puto comisario que está de analista en una situación especial».
En su escrito, los fiscales del caso reproducen toda una serie de conversaciones mantenidas por los investigados con Villarejo y Redondo, los únicos imputados que permanecen en prisión, que demuestran que los clientes del excomisario contrataron sus servicios para conocer los movimientos de terceras personas.
Le solicitaron «medidas de seguimientos personales» de cara a «conocer vínculos de carácter estrictamente personal e íntimo que les permitiera posteriormente utilizarlos contra ellos en la controversia por la herencia del patrimonio que se disputaban».
Una de las víctimas era hermana de Susana García Cereceda, ambas hijas del fallecido empresario Luis García Cereceda, fundador de la exclusiva urbanización La Finca.
Para seguir a la hermana de García Cereceda y a otras tres víctimas, Villarejo les dijo que contaría «con la colaboración de otros funcionarios policiales», unos servicios que pagarían al grupo Cenyt, un entramado societario propiedad del excomisario, con «el máximo de opacidad»
