La Religión ya no será materia de oferta obligatoria en 1º y 2º de Bachillerato ni su calificación contará en la nota media de acceso a la Universidad, según el borrador de reforma de la Lomce del Gobierno, que plantea también eliminar las «revalidas» de fin de Primaria, Secundaria y Bachillerato.
Son algunas de las medidas del documento ‘Propuesta para la Modificación de la Ley Orgánica de Educación’, elaborado por departamento de la ministra, Isabel Celaá que, según han adelantado El País y La Vanguardia, será sometido a consultas en la comunidad educativa, ante de su posible aprobación en Consejo de Ministros antes de fin de año.
La Religión ya no será materia de oferta obligatoria en 1º y 2º de Bachillerato ni su calificación contará en la nota media de acceso a la Universidad, según el borrador de reforma de la Lomce del Gobierno, que plantea también eliminar las «revalidas» de fin de Primaria, Secundaria y Bachillerato.
Son algunas de las medidas del documento ‘Propuesta para la Modificación de la Ley Orgánica de Educación’, elaborado por departamento de la ministra, Isabel Celaá que, según han adelantado El País y La Vanguardia, será sometido a consultas en la comunidad educativa, ante de su posible aprobación en Consejo de Ministros antes de fin de año.
Su objetivo es «corregir los aspectos que han sido más vulneradores de la igualdad de oportunidades» por parte de la Lomce, diseñada por el exministro José Antonio Wert y aprobada en 2013, a pesar de las protestas que provocó.
El proyecto prevé que los alumnos no tengan la obligación de cursar una materia alternativa a la Religión, que ésta deje de ser «específica» en 1º y 2º de Bachillerato y que la calificación que se obtenga en la asignatura no cuente para la nota media de acceso a la Universidad, becas y otros similares.
Además, se introduce la asignatura de «Educación en valores cívicos y éticos» en un curso de Educación Primaria y en otro de la ESO, según el borrador.
En materia de conciertos, como ya anunció Celaá, se eliminan las referencias a «una demanda social» para acceder a la educación privada subvencionada y se reforzará el principio de no discriminación por género.
Así, desparece la referencia a que la «educación diferenciada no se considera discriminación por género» y se priorizarán los conciertos con los centros que se rijan por el principio de la coeducación.
El ministerio quiere también «evitar cualquier efecto segregador derivado de la aplicación de programas de enseñanzas plurilingües» y se modificarán los criterios de baremación, reconociendo las situaciones de familias monoparentales, víctimas de violencia de género o de terrorismo, entre otros.
Las polémicas revalidas de evaluación de final de etapa de Primaria, ESO y Bachillerato, que actualmente están suspendidas, serán eliminadas, así como se volverá a las «pruebas de acceso a la universidad -selectividad- desvinculadas y posteriores a la obtención del título de Bachiller».
El objetivo del ministerio es convertir las evaluaciones de 6º de Primaria y de 4º de ESO en «muestrales y plurianuales» para poder conocer el estado del sistema educativo, pero sus resultados, en ningún caso, podrán ser utilizados para valorar a los alumnos o para la calificación de los centros.
Propone también el departamento de Celaá una regulación de los currículos para potenciar una educación inclusiva y garantizar la equidad y la calidad, con lo que se quieren eliminar los itinerarios de 4º de la ESO para que «cualquier opción en la educación obligatoria conduzca a idéntica titulación».
«Organizar y adoptar medidas educativas ordinarias previas a la repetición» es una de las propuestas para ayudar a los estudiantes que, en el caso de repetir, dispondrán de un plan individualizado de apoyo y se reforzará la «especial atención que requiere la escuela rural» para evitar el abandono escolar.
En relación a las competencias del Estado y las comunidades autónomas, se determina dejar en manos de éstas la regulación del uso de la lengua cooficial y de la escolarización asociada a ella.
Asimismo, el Estado se reserva el derecho a decidir sobre un 55 % y 65 % del contenido de las materias del currículo en todas las etapas educativas.
La propuesta de Educación quiere también aumentar la autonomía de los centros, para lo que prevé reequilibrar las competencias del Consejo Escolar y de los directores de los centros públicos y concertados, así como mejorar el procedimiento de selección de los directores, aumentando la participación y el peso de la comunidad educativa en ellos.
