Izquierda Unida (IU) y el Partido Comunista de España (PCE) han presentado una querella criminal en el Tribunal Supremo contra el Rey emérito Juan Carlos; su amiga Corinna Zu Sayn-Wittgenstein; el director del CNI, Félix Sanz Roldán; y el excomisario de Policía José Manuel Villarejo, entre otros, por los delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, amenazas de muerte o constitución de grupo criminal.
«La finalidad de la estructura organizada indicada era la presunta obtención ilícita por el entonces Jefe del Estado Juan Carlos Borbón y para su patrimonio personal, de cantidades económicas presuntamente de alta cuantía, a consecuencia de las operaciones comerciales y económicas realizadas por empresas públicas o privadas españolas, así como el ocultamiento a la Hacienda Publica y a la opinión publica en general del dinero obtenido, eludiendo así elpago de impuestos y el cumplimiento de distintas obligaciones fiscales de información a la Agencia Tributaria», denuncian.
CREEN QUE NO HAY INMUNIDAD QUE VALGA
Según IU y el PCE, «no cabe duda de que en caso de haberse ejecutado dichas conductas, las mismas no son las propias del cargo o función de Jefe del Estado y por tanto ninguna inmunidad, inviolabilidad o irresponsabilidad pueden alcanzar al Jefe de Estado que durante el ejercicio del cargo realiza actividades ilícitas con el único fin de enriquecimiento personal».
«Que la inviolabilidad e irresponsabilidad del Rey y Jefe de Estado está relacionada con el desempeño de sus funciones oficiales y que no consiste en un manto de impunidad sin límites para conductas de índole exclusivamente personal, se deduce de la misma norma constitucional contemplada en el artículo 56.3 de la Constitución», señalan más adelante.
En esta línea, insisten que «no cabe duda de que los delitos por los que ahora se accionan y las conductas realizadas para cometerlos en absoluto se corresponden con ninguna función de un Jefe de Estado, por lo que ninguna inmunidad han de alcanzarles».
Por todo ello, rechazan que la Audiencia Nacional decidiera en septiembre el sobreseimiento provisional de la pieza del caso Tándem que afecta a al Rey emérito, tras solicitarlo la Fiscalía Anticorrupción, al considerar que no hay pruebas suficientes en las grabaciones a Corinna y que la figura de Juan Carlos I era inviolable cuando se produjeron los hechos.
«Esta parte disiente frontalmente del contenido del Auto por el que se decidió el sobreseimiento y el archivo de la mencionada pieza, y en particular y muy especialmente, en todo aquello que se refiera de forma directa o indirecta al exjefe del Estado, el rey emérito y ahora querellado Don Juan Carlos Borbón Borbón», señalan.
A su juicio, el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional «carece en absoluto de competencia para hacer pronunciamiento alguno en relación al rey emérito dado el aforamientoinexcusable e inexorablemente vinculado» a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a la que se dirigen.
«Por lo que al carecer también de competencia la Audiencia Nacional para realizar la Instrucción de la causa, al encontrarse en la misma el aforado D. Juan Carlos Borbón, aparece perfectamente ajustado a derecho y procedente que esta Sala, tras los trámites oportunos requiriese de inhibición al Juzgado Central de Instrucción numero 6 de la Audiencia Nacional, y con referencia a las Diligencias Previas de Procedimiento Abreviado 96/2017, en favor de los presentes autos», reclaman.
