Diputado de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, y la representante del partido ultraderechista en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, habrían vendido tres lofts construidos en un suelo industrial con la promesa de que lograrían la licencia de habitabilidad.
Más adelante, los ahora políticos no habrían realizado la gestión, por lo que los compradores fueron desahuciados, según informa el diario El País. Cada inquilino pagó medio millón de euros por su apartamento.
Según explican los compradores al rotativo se sintieron engañados por Espinosa de los Monteros, ya que parecía el propietario de la nave y les implicó en la obra como promotores. Más tarde, descubrirían que era un intermediario para la firma de las escrituras. «Los sobrecostes, la paralización que hubo de la obra, todo recayó sobre nosotros, los compradores. Nada sobre la empresa que lo vendía. Cuando en realidad habíamos comprado a precio de vivienda, no es que fuera un chollo», aseguran los afectados a El País.
El Ayuntamiento lo investiga
La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado que el Ayuntamiento de la capital ha iniciado una investigación sobre la supuesta irregularidad inmobiliaria. Así lo ha expuesto Villacís, en declaraciones a los periodistas en unas declaraciones tras un evento.
«Estamos investigando este caso como la totalidad de los casos, como es nuestro trabajo. Reunimos todos los expedientes, porque están muy dispersos para analizarlos como haríamos como con cualquier vecino. Una vez que tengamos toda la información se decide si se abre un procedimiento o no», ha explicado la vicealcaldesa.
Los técnicos municipales desplazados al domicilio de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, y su marido, su homólogo en el Congreso Iván Espinosa de los Monteros, han comprobado que la actividad profesional del despacho del inmueble ha cerrado y, por tanto, no se clausura el chalé.
Esta no es la primera polémica inmobiliaria en la que se ven envueltos los dirigentes de Vox al haber tenido un problema en su vivienda para regularizar unas obras. No obstante, el pasado 8 de octubre los técnicos municipales desplazados al domicilio comprobaron que la actividad profesional del despacho del inmueble había cerrado y, decidieron no clausurar el chalé.
