Iberdrola subirá las tarifas a los clientes industriales y a las grandes empresas con contratos a largo plazo afectadas por las medidas aprobadas por el Gobierno para amortiguar la subida del precio de la electricidad, mientras que ha decidido paralizar los proyectos renovables por su decreciente rentabilidad.
Para amortiguar el impacto de la subida del mercado mayorista de la electricidad (pool) en la factura eléctrica de hogares y empresas por el elevado precio del gas, el Gobierno ha aprobado un real decreto-ley que, entre otras medidas, obliga a las centrales nucleares, hidroeléctricas y de energías renovables sin incentivos a devolver los beneficios «extra» que generen hasta marzo de 2022 en caso de aumento del precio de un recurso que no utilicen.
Este nuevo «nuevo coste» supondrá más de 70 euros/megawatio hora (MWh) y, dado el precio del suministro eléctrico establecido en el contrato, «se produce una situación de manifiesto desequilibrio» por una circunstancia «extraordinaria, imprevisible e impredecible» que hace insostenible su continuidad (de los servicios del contrato) en las condiciones económicas aplicadas, subraya Iberdrola en las cartas.
«La intención es mantener el contrato en unas condiciones en las que se restablezca el equilibrio económico, por lo que les emplazamos a negociar las condiciones económicas que se aplicarían temporalmente durante el periodo en el que estén vigentes los efectos de las medidas del Real Decreto-Ley», añade Iberdrola.
La eléctrica subraya en sus cartas que, en todo caso y sin perjuicio de su aplicación temporal, cuando estas medidas sean anuladas por decisión del Gobierno o de los tribunales, «se regularizará el precio y se devolverá el importe correspondiente».
Según la empresa, esta decisión es el resultado de un primer análisis del impacto del Real Decreto en la rentabilidad de las instalaciones renovables (muchas de las cuales se construyen bajo contratos de suministro a largo plazo llamados PPA).
En la comunicación, la empresa aclara que los proyectos que tienen un marco de remuneración reconocido (subastas o primas) están excluidos de la suspensión.
Vigilancia gubernamental
La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, dijo que el Gobierno ve con «cierta preocupación» las cartas que las compañías eléctricas están enviando a sus clientes con revisiones tarifarias que, a su juicio, no están justificadas, y por eso están analizando la situación.
«Es probable que la revisión de los tipos estuviera prevista incluso antes de que se adoptaran estas medidas, pero queremos entender qué están haciendo y por qué, porque creemos que este anuncio no está justificado», dijo el ministro durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados.
