Europa Laica ha denunciado que la Iglesia católica solo destina a Cáritas un 2,5 % del dinero que recibe por la asignación del IRPF de la declaración de la renta, mientras que el 76 % se dedica a los salarios y a la Seguridad Social del clero.
Así figura en su informe sobre la memoria de la Conferencia Episcopal de 2019, en el que Europa Laica ha criticado el “ocultismo intencionado” que perciben en la memoria presentada por la Iglesia en mayo de este año, así como las “falacias” en la publicidad que pide marcar la X de la Iglesia “para la labor asistencial de la Iglesia”
El presidente de Europa Laica, Juan José Picó, ha sido el encargado de exponer los principales puntos que del informe sobre la memoria de las actividades de la Iglesia en el ejercicio de 2019, que incluye la asignación tributaria de los 268 millones de euros que recibió de la casilla del IRPF en el año 2018.
Ha destacado que, pese a las referencias en la publicidad a la labor asistencial de la Iglesia como principal destino de su recaudación en la declaración de la renta, solo 6,8 millones de euros fueron a parar a Cáritas. “La publicidad es una falacia”, ha subrayado Picó.
El informe también denuncia que la Iglesia, como recoge en su memoria de 2019, tuvo un superávit de 12,7 millones de euros “favorecido por las ayudas que le concede el Estado”. De esta cantidad 6,8 millones se invirtieron en la cadena Trece TV y los 5,9 restantes se sumaron al fondo de reserva de la Iglesia.
Picó ha sostenido que la Iglesia “depende en mucha parte” de las aportaciones del Estado, al que ha tachado de “cómplice y responsable” de la situación de “privilegio económico” del clero en España.
Según el cálculo de Europa Laica, la Administración pública entrega en distintos conceptos unos once mil millones de euros al año a la corporación eclesiástica.
Así, ha denunciado que la Iglesia está lejos de poder autofinanciarse porque su sostenimiento “no depende de sus fieles, sino que sale del dinero de todos”.
Además, Europa Laica ha anunciado varias enmiendas propuestas a los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno de coalición para modificar el anteproyecto de reforma de la ley de patrimonio histórico.
Entre sus peticiones, destaca que los bienes culturales de origen religioso no puedan cederse a particulares o entidades mercantiles para que solo puedan ser enajenados al Estado o a otras instituciones eclesiásticas.
“No pedimos que los bienes dejen de tener un uso litúrgico, pero la titularidad y la gestión debe de ser estatal”, ha aclarado Juan José Picó.
