«No hay acuerdo sobre esto y, por lo tanto, no va a pasar», ha enfatizado este miércoles el portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, Pablo Echenique, respeto a la implantación de peajes en autovías del Estado.
Ayer Echenique ya dejó claro que su formación no apoyará ningún sistema de peaje que implique el pago de uso a las clases trabajadoras.
«O se mantienen gratuitas, o se exime del pago a rentas bajas y medias, a transportistas y otros profesionales», lanzó en redes sociales para calificar incluso de «globo sonda» la posibilidad de aplicar un sistema de pago por el uso de estas infraestructuras de cara a 2024.
Unas palabras que ha refrendado el diputado de Unidas Podemos y representante de Galicia en Común en el Congreso, Antón Gómez-Reino, al incidir en que ahora mismo no hay un acuerdo sobre esta materia en el seno de la coalición.
De hecho, ha destacado que antes queda «trabajo pendiente», como recuperar autovías bajo gestión del Estado la autovía AP-9 y otras infraestructuras, antes de hablar de otras cuestiones. «Primero recuperar autopistas y luego se hablará de otros debates», ha recalcado.
TRANSPORTES DICE QUE HABRÁ UN SISTEMA JUSTO
Mientras, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, señaló ayer que el sistema de peajes se implementará, si bien aseguró que será una tarificación «justa, rigurosa y sostenible».
El objetivo de esta medida, que ya han implantado 24 de los 27 países de la Unión Europea, según la ministra, es obtener recursos adicionales para mantener la conservación de las carreteras en buen estado de seguridad, una partida que ahora acumula un déficit de 9.000 millones de euros debido a la gratuidad actual de las autovías, cuyos recursos procedentes de los Presupuestos del Estado no son suficientes.
UNIDAS PODEMOS YA RECHAZÓ LOS PEAJES HACE MESES
En junio Unidas Podemos ya manifestó su oposición a los planes de implantar el sistema de pago por uso de las carreteras de red del Estado, al entender que es un «impuesto a las clases medias».
El propio portavoz parlamentario expresó entonces que abogan por «la fiscalidad verde, pero siempre y cuando no penalice a la gente trabajadora y no tenga un carácter regresivo». «La propuesta de los peajes no cumple estos criterios», zanjó para insistir en que la única vía era la progresividad.
Posteriormente, el espacio confederal pidió concreción a Transportes sobre sus planes, de cara a que los peajes no repercutieran en la mayoría de la población. Como marco abogaba por centrar la propuesta en base a un sistema progresivo que sustente el pago del uso de estas infraestructuras.
Sobre todo aludía a grandes empresas con flotas de vehículos de gran tonelaje y, en el plano particular, a vehículos de gran cilindrada o contaminantes, siempre que el desplazamiento no sea por motivos laborales, relacionado con los estudios u otras actividades esenciales.
