La Audiencia Nacional ha condenado al ex tesorero general del PP, Luis Bárcenas, a dos años de prisión por pagar en ‘b’ más de un millón de euros por la reforma de la sede de los ‘populares’ en Génova, al tiempo que ha condenado al Partido Popular como responsable civil subsidiario de Bárcenas por 123.669 euros por el impuesto de sociedades de Unifica en 2007.
La Sala de lo Penal, en una sentencia de 454 páginas dictada este jueves, condena a Bárcenas por pagar a Unifica, el estudio de arquitectura encargado de la reforma de la sede de los ‘populares’, un total de 1.072.000 euros, «al margen de la facturación y la contabilidad oficial y no declarados a Hacienda».
Fue condenado, en concreto, por un delito continuado de falsedad contable, en concurso con un delito contra la hacienda pública por el impuesto de sociedades Unifica 2007, en concurso a su vez con un delito continuado de falsedad en documento mercantil.
Por ello, además de la pena de 2 años de prisión, le impuso la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, el pago de una multa de 1,2 millones de euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a disfrutar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 2 años y 6 meses.
No obstante, aplica el atenuante de la confesión, al haber quedado acreditada su «colaboración real, activa y eficaz» en el esclarecimiento de los hechos y sus autores, aunque destaca que fueron los registros realizados en las oficinas del PP y de Unifica los que aportaron los datos decisivos para la investigación; así como el atenuante de la reparación del daño.
DICE QUE EL PP NO EJERCIÓ UN CONTROL ADECUADO SOBRE LAS BÁRCENAS
Además, el tribunal considera oportuno declarar la responsabilidad civil subsidiaria de las personas jurídicas, en este caso el PP y Unifica, por los delitos cometidos por sus empleados o funcionarios, representantes o directivos en el ejercicio de sus funciones o servicios.
Así, establece que, por la cantidad de 870.521,32 euros defraudados en el Impuesto de Sociedades de 2007, Gonzalo Urquijo y Belén García deben indemnizar solidariamente a la Hacienda Pública, y a Unifica y Bárcenas de forma subsidiaria, pero limitada a la parte del importe procedente de los pagos en ‘b’ que eran ingresos no declarados (380.520 euros de las obras en las plantas del PP y Bárcenas). 520 euros por las obras de las plantas 2ª y 5ª), cifradas en 123.669 euros, «y, de forma subsidiaria, al Partido Popular, al haberlas comprometido como líder de esta formación política».
Los magistrados indican que no consta que el PP, a través de sus órganos de gobierno (comité ejecutivo) ejerciera un control adecuado sobre la gestión de Bárcenas cuando se produjeron los hechos, sino que las medidas adoptadas por el partido al respecto -tanto en lo que se refiere al primero como a la auditoría interna y al impulso de iniciativas legislativas relativas a la financiación de los partidos políticos- fueron «a posteriori».
