PSOE y Unidos Podemos ultiman las negociaciones para ultimar los últimos detalles de las enmiendas conjuntas para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como «ley mordaza» por sus detractores, que contemplan, entre otras cuestiones, la prohibición de las pelotas de goma en los protocolos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en caso de incidentes en las manifestaciones.
Además, según fuentes conocedoras de las negociaciones entre ambos grupos, existe una propuesta básica, aunque aún no es definitiva, para evitar el uso de material que cause lesiones irreversibles en las operaciones policiales cuando se produzcan incidentes en las protestas.
Esta formulación pretende principalmente prohibir el uso de pelotas de goma por parte de los agentes «antidisturbios», ya que se han dado varios casos de manifestantes que han perdido toda o parte de la vista en uno u otro ojo al ser golpeados por este material.
MULTAS RELACIONADAS CON LOS INGRESOS
Las conversaciones también se centran en definir una formulación definitiva del criterio de proporcionalidad de las multas impuestas a los sancionados, vinculada a la capacidad de ingresos de los manifestantes, para lograr una reducción de las cuantías.
En concreto, están debatiendo cómo reducir a la mitad la multa para quienes ganan menos de 1,5 veces el salario mínimo y otro 25% para quienes ganan entre 1,5 y 2,5 veces el salario mínimo.
En rueda de prensa este lunes, el coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, ha destacado que el acuerdo básico con el PSOE para derogar la ley mordaza es una «muy buena noticia» que garantizará el «disfrute» de las libertades públicas, como el derecho de manifestación y reunión.
El miércoles finaliza el plazo de presentación de enmiendas al proyecto de ley impulsado por el PNV, que lleva más de un año paralizado. Por ello, los socios de la coalición están trabajando para concretar los últimos detalles de los cambios propuestos para esta legislación, que fue aprobada por el PP en 2015.
Durante las negociaciones lideradas por los secretarios de Estado Rafael Simancas (PSOE) y Enrique Santiago (Unidos Podemos), se acordaron varios cambios en esta polémica normativa, como la eliminación de las referencias a temas de inmigración en el texto, como en el caso de las «devoluciones en caliente» de los inmigrantes irregulares.
NO SE SANCIONAN LAS MANIFESTACIONES PACÍFICAS NO COMUNICADAS
Otros aspectos son la retirada de las sanciones a las manifestaciones pacíficas no comunicadas, ya que sólo tendrán consecuencias en caso de desórdenes públicos o violencia.
En cuanto a los registros corporales y la identificación de los ciudadanos, la motivación del agente que realiza los controles en la vía pública debe constar por escrito. Al mismo tiempo, los cacheos se limitarán a los desnudos parciales y, si deben realizarse de forma inmediata, será en un lugar que cuente con la «debida garantía de protección de la intimidad».
También están trabajando en la redacción de una enmienda conjunta para reducir el tiempo de identificación en comisaría a un máximo de dos horas, salvo por motivos excepcionales debidamente «presumibles y comprobables». Además, una vez que la persona ha sido identificada, debe ser «devuelta» al lugar desde el que fue llevada al proceso de identificación, si éste se llevó a cabo en otro lugar.
Ante las quejas de los medios de comunicación, no se sancionará la toma y difusión de imágenes cuando no afecten al derecho a la intimidad o a la seguridad de los policías o sus familias. Asimismo, las grabaciones de las intervenciones policiales con videovigilancia móvil deberán incluirse en todos los informes de actuaciones en la vía pública de acuerdo con la Ley de Protección de Datos y deberán almacenarse de forma segura en caso de que sean solicitadas por las autoridades judiciales.
A su vez, las sanciones serán de carácter restaurativo o fruto de la conciliación entre el infractor y la persona o institución ofendida. Por ello, se propondrá la resocialización en los expedientes más allá de la sanción, eliminando así la actual limitación de poder sustituir las multas a los menores por trabajos sociales o comunitarios, que ahora se limita a una vez.
