El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha anunciado este miércoles la prórroga por un año más de los gravámenes a los beneficios extraordinarios tanto del sector financiero como del sector energético y ha avanzado la intención de hacer permanente ambos tributos.
Así lo ha indicado en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros de 2023, en la que ha hecho balance del año y ha explicado las medidas aprobadas para hacer frente al incremento de precios y las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania.
En el caso del gravamen energético, Sánchez ha explicado que se van a introducir modificaciones en la Ley General de Presupuestos para que se puedan deducir desde el 1 de enero las inversiones estratégicas vinculadas con proyectos industriales y con la descarbonización del sistema productivo en el país.
Además, Sánchez ha señalado el compromiso de la revisión en el año 2024 de esta figura tributaria, «que pasará ya a contar con un carácter permanente». «El impuesto fue diseñado con una pervivencia de dos años, vencería el 31 de diciembre de este año y por tanto lo que hemos hecho ha sido garantizar su pervivencia a partir del año 2024, una vez ya revisado», ha explicado el jefe del Ejecutivo.
El decreto también contempla la futura revisión del gravamen a la banca «para su plena integración en el sistema tributario», y prevé la concertación de ambos impuestos con las comunidades de País Vasco y Navarra.
La modificación del impuesto a energéticas ha sido uno de los temas más discutidos en las negociaciones recientes entre PSOE y Sumar. El presidente del Gobierno ya había avanzado hace unas semanas que se estaba trabajando en el «rediseño» del impuesto, pero negaba que ello respondiera a las advertencias de Repsol de que este tributo «condiciona» sus inversiones en España.
Tal y como está ahora diseñado, el impuesto grava el 1,2% sobre el importe de la cifra de negocio de las compañías del ramo energético que facturasen más de 1.000 millones en 2019. Se excluye de la facturación objeto del gravamen los ingresos derivados de las actividades reguladas.
De este modo, el impuesto no afecta a aquellos ingresos donde el suministro sea a precio regulado, como es el caso del PVPC de electricidad, la tarifa de último recurso (TUR) de gas, el GLP envasado y el GLP por canalización.
PRÓRROGA DEL IMPUESTO A LAS GRANDES FORTUNAS
Por su parte, el impuesto temporal a la banca grava al 4,8% los intereses y comisiones de todas las entidades que facturasen más de 800 millones en 2019 y el tributo afecta a la actividad que las entidades desarrollen en España.
Por último, el decreto también prorroga la aplicación del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas mientras no se produzca la revisión de la tributación patrimonial en las CCAA, circunstancia que, según el Gobierno, está vinculada a la reforma del sistema de financiación autonómica.
