La tensión social por el derecho a la vivienda ha alcanzado un nuevo máximo tras el posicionamiento de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, junto a la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL), dirigida por la exministra Joan Clos, han calificado de «ataque frontal a la propiedad privada» las últimas propuestas para prorrogar el límite a las subidas de los alquileres. Estas organizaciones empresariales, que representan los intereses de grandes tenedores y fondos de inversión como Blackstone, sostienen que la intervención del mercado solo genera inseguridad jurídica y una reducción de la oferta.
Frente a este discurso, las organizaciones civiles han pasado a la ofensiva. Las portavoces del Sindicato de Inquilinas de Madrid, como Valeria Racu, y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), con Lucía Delgado a la cabeza, han denunciado que la CEOE está utilizando el miedo para mantener un modelo basado en la especulación. Estas plataformas ciudadanas exigen al Gobierno de Pedro Sánchez que no ceda ante el «chantaje de los rentistas» y que aplique de forma rigurosa la Ley de Vivienda, especialmente en las zonas declaradas como tensionadas en Catalunya, donde la Generalitat ya ha comenzado a aplicar topes de precios.
La pugna también tiene su reflejo en el Congreso de los Diputados. El PSOE, a través de su ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, intenta buscar un equilibrio difícil entre las exigencias de sus socios de coalición y las presiones del sector inmobiliario. Mientras tanto, las fuerzas que sostienen parlamentariamente al Ejecutivo, como EH Bildu y ERC, han advertido de que su apoyo a los próximos decretos económicos depende de que se mantenga el «escudo social» y se impida que los desahucios sin alternativa habitacional vuelvan a ser la norma en los barrios obreros.
