
La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado un auto clave en el proceso judicial que afecta a Alberto González Amador, actual pareja de Isabel Díaz Ayuso. El tribunal ha rechazado el recurso presentado por su defensa, que pretendía el archivo de la pieza separada relativa a sus relaciones comerciales con el grupo sanitario Quirón y, al mismo tiempo, intentaba frenar las investigaciones encargadas a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Un error de vía procesal según los magistrados
Los magistrados de la Sección 15 han sido contundentes al señalar que la solicitud de sobreseimiento no se ajusta a los cauces legales. Según el tribunal, la defensa de González Amador recurrió directamente a la Audiencia sin haber solicitado previamente el archivo ante el propio juzgado de instrucción número 19 de Madrid, que es el órgano que dirige la investigación.
La Audiencia subraya que sus funciones son «revisorias», por lo que no puede pronunciarse sobre un archivo que el juez instructor ni siquiera ha tenido ocasión de denegar formalmente. Este revés técnico implica que la causa sigue plenamente vigente y que la estrategia de la defensa para cerrar el caso por la vía rápida ha fracasado.
La UCO tiene vía libre para investigar el patrimonio
Más allá de la cuestión formal del archivo, el auto avala las diligencias ordenadas para esclarecer el origen de los ingresos del empresario. La justicia investiga presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. El foco principal está en si se utilizó una empresa pantalla —denominada Masterman & Whitaker— para canalizar pagos procedentes de Quirón.
Los puntos críticos de la ampliación de la investigación incluyen:
La comisión de las mascarillas: Se analiza el cobro de casi dos millones de euros por intermediar en la venta de material sanitario durante la pandemia.
Pagos bajo sospecha: La Fiscalía y las acusaciones populares, integradas por el PSOE y Más Madrid, sospechan de una transferencia de unos 500.000 euros realizada por González Amador a la esposa del presidente de Quirón Prevención, una operación que los investigadores califican como un posible «soborno» o pago de comisiones ilícitas.
Análisis patrimonial: Con esta resolución, la UCO podrá seguir adelante con el rastreo de las cuentas bancarias y los movimientos financieros de González Amador y otros cuatro empresarios involucrados, buscando determinar si el patrimonio creció de forma ilícita mediante precios desproporcionados en servicios inexistentes.
El contexto político y judicial
Mientras la investigación sobre fraude fiscal ya está en una fase más avanzada, esta «pieza Quirón» supone un frente adicional para González Amador. Las acusaciones populares han solicitado recientemente prorrogar la instrucción otros seis meses para permitir que los informes de la Guardia Civil lleguen al juzgado y se analicen en profundidad.
Por su parte, Alberto González Amador compareció en sede judicial en abril de 2025, donde defendió la legalidad de sus actividades comerciales y negó el pago de comisiones irregulares. Sin embargo, tras este nuevo pronunciamiento de la Audiencia de Madrid, la instrucción continuará activa para determinar si existen indicios suficientes para llevarlo a juicio por estos nuevos cargos.




