Coincidiendo en fecha con la convocatoria realizada por la Coordinadora 25S para protestar frente al Congreso por la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, los sindicatos UGT y CCOO han convocado también para mañana, el 14D, una jornada de análisis en la que estudiarán, junto a los representantes de las organizaciones profesionales de la Justicia, las nuevas reformas previstas por el Gobierno del Partido Popular.
Con el nombre ‘Derechos y libertades ante las reformas del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana’, en la reunión participarán organizaciones como Asociación de Jueces Francisco Vitoria, Foro Judicial Independiente y Unión Progresista de Fiscales, así como varios profesores especializados en Derecho Constitucional, Penal, del Trabajo y la Seguridad Social.
La jornada, que comenzará a las 11.30 horas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, constará de dos partes. En la primera parte serán las asociaciones de los profesionales de la Justicia quienes plantearán su posicionamiento ante las nuevas leyes, y en la segunda serán los catedráticos del Derecho quienes procederán al análisis de las reformas desde el punto de vista constitucional, penal y laboral.
El objetivo del acto es plantear una posición unitaria contra las reformas del PP, que, según los organizadores, pretenden “cercenar las libertades democráticas y acallar la protesta social, convirtiendo el conflicto social en un continuo conflicto de orden público, algo propio de gobiernos autoritarios”.
Posteriormente, a las 19.00 horas, está prevista la concentración del 14D en protesta por la ‘Ley Mordaza’ en la Plaza de Neptuno, próxima al edificio del Congreso de los Diputados, convocada por la Coordinadora 25S, donde serán los ciudadanos quienes muestren su rechazo ante el “régimen de dictadura parlamentaria” con el que el Partido Popular pretende “recortar aún más nuestros derechos y libertades”, según los convocantes.
El anteproyecto de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana ya ha recibido la oposición de diversos organismos internacionales, entre los que se encuentran Amnistía Internacional o la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea, y contra ella ha llegado a pronunciarse incluso el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, quien expresó su preocupación por este tipo de restricciones en una sociedad democrática, calificando la reforma de “altamente problemática”
La Delegación del Gobierno en Madrid ya tiene previsto un fuerte despliegue policial de alrededor de 1.500 agentes de las Unidades de Intervención Policial para controlar la protesta social.
