Tras un año de investigación, la Marea Granate, constituida por los españoles emigrados al extranjero en busca de trabajo, ha publicado un informe con el que desmonta los argumentos para instaurar en 2011 el “voto rogado” –o “voto robado”, ya que ha reducido la participación exterior en los comicios en un 95%– y “documenta con datos cuantitativos y cualitativos que este sistema fue implantado para manejar los votos de los emigrantes a voluntad de los partidos en el poder”.
El sistema, que la mayoría absoluta del Partido Popular impidió corregir el pasado junio al rechazar el inicio de un procedimiento de urgencia de modificación de la Ley Electoral, volverá a dificultar en las elecciones generales del 20D el acceso al voto a los dos millones de españoles de españoles residentes en el extranjero, convirtiéndoles en “abstencionistas forzosos” y dejando su participación de nuevo, como en los pasados comicios autonómicos, por debajo del 5%.
El informe de la Marea Granate, que recoge el análisis de los resultados de su encuesta lanzada en octubre del año pasado y se apoya en una treintena de fuentes bibliográficas, muestra cómo, basándose en la necesidad de evitar el “voto de los muertos”, la reforma ha provocado “la muerte del voto”, al instaurar un sistema dificultoso plagado de errores administrativos que obliga a los emigrantes a rogar con antelación el voto tras registrarse en el Censo de Residentes Ausentes (CERA).
Según informa la Marea Granate, antes de la implantación del “voto rogado”, el CERA incluía numerosos errores por la falta de depuración del censo volcado (cambios de domicilio, altas de personas no residentes o fallecidos), que solían generar devoluciones de la documentación electoral. A pesar de ser la causa menor de dichas devoluciones (5000 papeletas, un 0,45% del total de los envíos) este argumento se usó como arma electoral para la instauración del ruego del voto. Este hecho dejó sin solucionar el resto de problemas derivados de la actualización del censo y ocultó, de manera gravísima, el resto de irregularidades importantes cometidas por los propios partidos: gestiones masivas de voto por sus redes clientelares en el exterior.
Además, la Marea Granate denuncia que la reforma se llevó a cabo a pesar de conocerse un informe de la propia Junta Electoral Central del año 2009, que avisaba de que el cambio provocaría una importante disminución de la participación electoral, ya que, debido a que el sistema se usaba ya solo para los comicios locales, existían suficientes datos comparativos del porcentaje de participación entre las convocatorias en las que no estaba implantado y las que sí, suponiendo una diferencia del 31,88% al 5,75%. El informe ya señalaba que la reforma supondría “una vuelta atrás de la reforma implantada en 1995” y que “recibiría la crítica de los afectados”.
Aún así PP, PSOE, PNV y CIU decidieron implantar el “voto rogado”, por el que el 50% de las personas que consigue pasar todos los obstáculos y rogar el voto, se queda sin ejercer su derecho fundamental porque las papeletas no llegan, tal y como recoge la encuesta de Marea Granate y los propios datos del Ministerio del Interior.
Resultados de la encuesta de la Marea Granate
Los resultados de la encuesta, también publicados por la Marea Granate, muestran la intención entre los residentes en el extranjeros de acudir a las urnas en las próximas elecciones generales en un 79% frente a un 4% que dice que no participará en los comicios y un desolador 17% que señala “me gustaría pero no sé si podré”, lo que sitúa el deseo de participación en un 96%.
El 61% de los encuestados aseguró que el motivo primario para registrarse en el consulado como residentes en el extranjero sería la posibilidad de ejercer el derecho al voto. El 48.33% afirmó no haber recibido las papeletas o no haberlas recibido a tiempo. Un 46% de los encuestados aseguró querer volver a trabajar a España en un futuro próximo, sin embargo, a la pregunta de “¿Ves accesible a corto plazo regresar a España”, la respuesta fue negativa en un 87% de los casos.
La Marea Granate considera la “encubierta” denegación del derecho al voto como “una bofetada emocional más” a los emigrantes forzosos y resalta la importancia del voto exterior en el caso español, que, por un lado “hace referencia a su significado en la memoria colectiva de los más veteranos, como un hito en la consolidación democrática del país en un momento clave del desmantelamiento de la dictadura” y, por otro, para los nuevos emigrantes, que salieron como consecuencia de la crisis a partir de 2008, votar en las elecciones de su país de origen “supone la posibilidad de recuperación de los derechos sociales perdidos, como la sanidad pública, y la forma de sentir que aún siguen perteneciendo al país que les vio crecer, más aún cuando la reciente ola de migración española es consecuencia de las fuerzas centrípetas de una coyuntura económica donde las tasas de paro superan el 20% desde hace años y afectan a más del 50% de la juventud española.
