La polémica central de Santa María de Garoña en Burgos, la más antigua del parque nuclear español, cerrará definitivamente después de que el Gobierno haya denegado la solicitud de renovación, según ha anunciado este martes el ministro de Energía, Álvaro Nadal, una semana antes de que se cumpliese el plazo para la toma de decisión del Ejecutivo a este respecto. La decisión ha sido tomada con alegría y celebración desde el mundo ecologista, que considera que se trata de un logro de la presión social.
El ministro ha explicado que la orden ministerial que tiene que emitir el Gobierno al respecto «será la de denegación» de la continuidad de la explotación porque las «circunstancias actuales» no garantizan la suficiente certidumbre, teniendo en cuenta de la oposición a la reapertura de la planta ejercida por todos los grupos políticos excepto el PP, y a las discrepancias sobre la solicitud también expresadas por Iberdrola y Endesa.
Esta decisión del Gobierno llega seis meses después de que el pasado 8 de febrero el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera un informe favorable -con el voto en contra de la entonces consejera Cristina Narbona- a la renovación de la autorización de explotación sin una fecha determinada. Este informe establecía un conjunto de 10 condiciones, 15 instrucciones técnicas complementarias y un programa de pruebas de arranque en el que se verificaría el cumplimiento de todo ello, antes de que la central pudiera, en caso del permiso del Gobierno, volver a cargar combustible.
Tras la emisión de este informe, la decisión final quedaba en manos del Gobierno, ya que las empresas propietarias de Nuclenor, Iberdrola y Endesa, mantuvieron una reunión el 26 de abril de 2017 en la que no llegaron a un acuerdo sobre la propuesta de la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán para desistir de seguir adelante con la solicitud que formularon en 2014 para poner de nuevo en marcha el reactor de Garoña hasta 2031.
De ese modo, Garoña se habría convertido en la primera central nuclear española, hermana de la japonesa que provocó el horror de Fukushima, en llegar hasta los 60 años de operación y abriría el camino al resto de centrales españolas, que se van acercando progresivamente hasta los 40 años de vida útil, en pleno proceso del Gobierno por definir el modelo energético del futuro.
El 11 de julio, el Gobierno abrió un plazo de diez días para que once interesados presentasen alegaciones al proceso. De estos, presentaron alegaciones favorables a la continuidad la Junta de Castilla y León y la Asociación de Municipios de Áreas Nucleares (AMAC) y contrarias a esa decisión las ONG Greenpeace, Ecologistas en Acción, la Asociación Ecologista Centaura, la Diputación de Álava, el Parlamento Vasco y los Gobiernos de Navarra, La Rioja y el País Vasco.
En la actualidad, cinco son las centrales nucleares en España: la de Almaraz en Cáceres, la de Trillo en Guadalajara, las de Vandellos II y Ascó en Tarragona y la de Cofrentes en Valencia. Hay otras dos en proceso de desmantelamiento: Vandellos I en Tarragona y Zorita en Guadalajara.
Greenpeace celebra el cierre de Garoña
“Greenpeace celebra que Garoña vaya a comenzar su desmantelamiento porque se abre definitivamente la puerta hacia el fin de la energía nuclear en España. Garoña cierra porque la ampliación de su vida no es rentable para sus dueños, pero lo celebramos porque cerrar las nucleares es más seguro y rentable que darles más licencias”, ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña de Energía nuclear de Greenpeace.
La organización ecologista, junto a otras ONG, lleva todos estos años informando, documentando y protestado de forma pacífica para pedir el cierre de Garoña por motivos de seguridad y de contaminación al medio ambiente, así como denunciando “la modificación de las normativas para dar ventajas económicas a los propietarios contra el interés general”.
Tras muchos años pidiéndolo… ¡CIERRA GAROÑA! Se abre la puerta hacia el fin de la energía nuclear en España https://t.co/P87lleNKFR pic.twitter.com/5bcuGwOdXL
— Greenpeace Madrid (@greenpeace_madr) 1 de agosto de 2017
Según el último informe publicado por Greenpeace, ‘El inevitable cierre de las centrales nucleares españolas: una oportunidad económica y social’, el desmantelamiento generaría 100.000 puestos de trabajo y el proceso del abandono nuclear supondrá un aumento total del PIB de unos 20.000 millones de euros, pero las eléctricas apenas han cubierto el 30% del fondo para la gestión de los residuos nucleares.
La central nuclear de Garoña recibió autorización para ponerse en marcha en 1966. Cinco años después, cuando se conectó a la red, era la única central en funcionamiento en España de las llamadas de Primera Generación. Tiene una reactor igual al reactor nº 1 de la central de Fukushima Daiichi, y entre otros, sufría problemas de agrietamiento, problemas de su sistema eléctrico, problemas de refrigeración y deficiencias tras las pruebas de resistencia que se realizaron a raíz del accidente nuclear de Fukushima.
Cumplió 40 años de vida operativa en 2011 y tenía permiso de operación hasta el 6 de julio de 2013, pero la empresa propietaria pidió el cese de operación en diciembre de 2012. Las inversiones requeridas en seguridad tras la catástrofe nuclear de Fukushima y las normas sobre fiscalidad energética estaban detrás de su final de operación.
Posteriormente, en mayo de 2013, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) admitió que Garoña mantuviera su licencia sin operar, pero Industria no pudo hacer valer esta decisión y tuvo que declarar su cierre definitivo de explotación, en vigor a día de hoy. En 2014 se aprobó un real decreto que permitía a Garoña obtener una nueva autorización y Nuclenor pidió la ampliación hasta 2031, hasta que hoy el ministro ha anunciado su cierre definitivo.
Según afirma Greenpeace, el parque nuclear en España está envejecido, tiene una media de 33 años y con las licencias de explotación actualmente en vigor alcanzará los 38 años. La organización considera que estamos por tanto ante el final de la vida útil de las centrales nucleares de nuestro país.
Sin embargo, Greenpeace advierte de que estas necesitan ser desmanteladas, y sus residuos radiactivos gestionados adecuadamente para su almacenamiento durante periodos de tiempo incalculables, por lo que avisa de que estos residuos suponen que el cierre de las centrales nucleares no es el fin de la gestión nuclear y la sociedad debe continuar resolviendo estos asuntos.
Por todo ello, Greenpeace propone no conceder ninguna licencia de explotación a los reactores nucleares operativos en España una vez concluya su periodo de validez y elaborar un nuevo Plan de Gestión de los Residuos Radiactivos para administrar la peligrosa basura que generan las nucleares.
“Todas las personas y las futuras generaciones merecen un futuro sin más residuos nucleares, sin más accidentes nucleares y con un modelo energético seguro, limpio y justo”, concluye Montón.
