Pablo González, el hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, confesó ante la Audiencia Nacional, poco antes de abandonar la cárcel de Soto del Real hace dos meses, haber cobrado comisiones ilegales o “mordidas” por la adjudicación de contratos públicos en el marco del ‘caso Lezo’, mientras Ignacio González era el número dos de Esperanza Aguirre al frente de la comunidad.
Según publica el diario El Mundo, uno de estos contratos fue el de la construcción y gestión de un campo de golf y varias pistas deportivas ejecutadas sobre una zona de antiguos depósitos de agua que pertenecían al Canal de Isabel II, cuya empresa adjudicataria fue Dragados.
González ha admitido haberse llevado una “mordida” de casi 100.000 euros por haber cedido sus empresas para que los pagos de las comisiones ilegales se realizaran a través de ellas, lo que él ha llamado una comisión “de agradecimiento” por parte de Dragados a cambio de “gestiones realizadas con funcionarios de la Comunidad de Madrid”, es decir, sobornos.
Según el testimonio de Pablo González, que pudo salir de la cárcel tras colaborar con la justicia al reducirse su fianza de 4 millones a 200.000 euros, los pagos se hicieron a la sociedad Tecnoconcret Proyectos e Ingeniería, participada por él, y entregados a través de esta a otras personas, entre las que se encontraría el ex responsable del Canal de Isabel II en Latinoamérica y exconsejero del diario La Razón, Edmundo Rodríguez Sobrino, de quien González ha dicho que “pudo ser uno de los beneficiarios”.
Aunque González trató de exculpar a su hermano Ignacio declarando que “no le consta” que participara en ilegalidad alguna, no fue igual durante la declaración previa de Edmundo Rodríguez Sobrino, quien sí confesó en su comparecencia haber recibido un soborno de 2,7 millones de euros a través de sociedades suyas radicadas en Suiza en el marco de la operación de compra de la sociedad brasileña Emissao con sobreprecio pagado por el Canal.
En esa operación y según Sobrino, los 2,7 millones de euros se dividieron en tres partes de 900.000 euros, de las que él se quedó una y las otras dos estaban destinadas a parar en manos de Ignacio González y del exdelegado del Gobierno en Ceuta Vicente Moro.
