Hace ya varios meses, 30 activistas antidesahucios fueron detenidos por encerrarse en la sede del «banco malo», nombre coloquial por el que es conocida la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), situado en el Paseo de la Castellana en Madrid. El motivo que les condujo a emprender esta acción el pasado 21 de marzo fue la defensa del derecho a la vivienda de varias familias afectadas por los desahucios.
De las 30 personas detenidas, 21 se enfrentarán el próximo 17 de septiembre a un jucio en el que se les acusa de allanamiento de morada y resistencia y desobediencia a la autoridad. Para apoyar a los activistas, se ha convocadoa través de las redes sociales una concentración para el mismo 17 de septiembre a las 11:00h en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) y el hashtag elegido para dar apoyo a la iniciativa en la conocida red Twitter es #21delSareb.
El encierro por el que fueron detenidos los activistas de Stop Desahucios también había sido difundido a través de las redes sociales mediante el hashtag #TomaElBancoMalo, logrando un gran seguimiento y difusióna través de internet.
Durante la acción en marzo, los activistas, que exigían ser recibidos por un responsable de la SAREB con el que dialogar para que «les dieran una solución» al caso de tres afectados que se encontraban a la espera de ser desahuciados, vieron cómo la entidad era rodeada por un fuerte cordón policial que impidió a los encerrados abandonar el edificio cuando fueron detenidos.
Según la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), las tres personas en riesgo de desahucio inminente ya tenían un acuerdo con Bankia que el banco anuló en el momento de concretarlo, alegando que los inmuebles ya habían pasado a ser propiedad de la SAREB.
Por su parte, la SAREB declaró entonces a los medios que los encerrados se encontraban en un «error» y rechazó su responsabilidad en los desahucios alegando que la sociedad «no es una entidad de crédito, sino que gestiona los activos traspasados para venderlos».
El «banco malo» fue creado por el Gobierno del PP para recibir el traspaso, desde los bancos rescatados con dinero público, de las viviendas de más de cien mil euros que no podían formar parte del Fondo Social -que recibe sólo las viviendas de menor cuantía- con el objetivo de gestionarlas para ser vendidas.
