Esta norma interna contradiría la Ley Orgánica de financiación de los partidos políticos, según la Plataforma por las Garantías. La ley establece que las subvenciones no deben dedicarse a “el pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial”, sino que deben ir destinados a “atender los gastos de funcionamiento” de los grupos municipales y parlamentarios.
