Una modificación de la Constitución para que las autoridades puedan, sin autorización judicial previa, ordenar la intervención de las redes sociales, anular cuentas o cerrar páginas, instaurando un régimen que suponga la suspensión de derechos y libertades en situaciones de “crisis” o “anormalidad”. Esta sería la propuesta de Ciudadanos en respuesta a los atentados de París del pasado viernes, según informa hoy la Cadena SER.
Para el partido de Albert Rivera, España debería actualizar su marco jurídico para modernizar la “regulación del estado de excepción”, que ya contempla la Carta Magna, pero que, a su entender, se queda “atrasado”, ya que no hace referencia alguna a las nuevas tecnologías de la información, a las cuales tienen acceso los terroristas al igual que el resto de la población.
La actual regulación prevé que, en relación con investigaciones correspondientes a elementos terroristas, se pueda suspender el secreto de las comunicaciones (postales, telegráficas y telefónicas) cuando exista un permiso judicial previo. Ciudadanos estaría contemplando modificar el marco legal no solo para incluir las nuevas formas de comunicación a través de internet y las redes sociales sino también para que los cuerpos de seguridad del Estado y los servicios de inteligencia puedan actuar libremente sin el permiso de un juez.
Según la Cadena SER, Ciudadanos pretende presentar su programa con estas medidas concretas y de futuro en relación con la lucha antiterrorista en el marco de la reforma de la Constitución, que no dudan que se dará en la próxima legislatura, para ser debatido con el resto de fuerzas políticas.
Ciudadanos entra así de nuevo en el polémico debate sobre seguridad versus libertad y derecho a la intimidad, en un momento crítico en el que una sociedad sensibilizada por una masacre reciente en territorio europeo podría inclinar su opinión hacia el lado de la balanza en el que pesa la seguridad en detrimento de los derechos y libertades individuales.
Sin embargo, una modificación así de la Constitución otorgaría a la Policía y al Estado el poder absoluto de controlar las comunicaciones de cualquier ciudadano cuando se declarara un “estado de excepción”, unas situaciones de “anormalidad” que podrían ser definidas por el propio Gobierno contra colectivos sociales que estuvieran en contra de sus políticas, extendiendo el manto del “terrorismo” a todo elemento que le fuera discordante.
Con su reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que entrará en vigor a principios de diciembre, el Partido Popular ya intentó introducir que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pudiesen llevar a cabo la intervención de las comunicaciones privadas en el marco de una investigación sin la necesidad de la autorización de un juez, pero finalmente y debido a las múltiples protestas procedentes tanto de los partidos de la oposición, de los colectivos jurídicos y de la sociedad civil, esta medida, el PP se vio obligado a rectificar e incluir la obligatoriedad de la autorización judicial en el articulado.
