El conjunto de leyes que permitirán a Alemania expulsar de su territorio a los españoles que, tras seis meses de estancia en el país, no hayan encontrado empleo, será aprobado y entrará en vigor a final de este año, según prevé el Ejecutivo alemán.
El Gobierno alemán presentó hoy su informe definitivo y el paquete legislativo con el que quiere impedir que los inmigrantes de la UE “abusen” de su sistema social y ratificó que limitará a seis meses la estancia de quienes llegan al país a buscar empleo y no tienen expectativas de encontrarlo.
Los ministros de Interior, Thomas de Maizière, y de Trabajo y Asuntos Sociales, Andrea Nahles, presentaron en rueda de prensa el documento, destacaron su total respeto al derecho comunitario y a la libertad de circulación y establecimiento, un «pilar» de la UE, y aseguraron que su objetivo es luchar contra el fraude y los abusos.
Entre las medidas más novedosas del proyecto de ley está limitar a seis meses, -«como hacen otros países europeos», subrayó De Maizière- el permiso de residencia de los inmigrantes comunitarios que buscan empleo y prohibir temporalmente que vuelvan a entrar en el país aquellos que cometan fraude con ese permiso o con las prestaciones sociales, prácticas que serán penalizadas.
Inmigración de la pobreza
El Gobierno de coalición entre conservadores y socialdemócratas presentó en marzo un avance del proyecto ante el extendido temor a que el país se convierta en destino de importantes flujos de rumanos y búlgaros, la que en Alemania se denomina «inmigración de la pobreza».
Según aseguró de Maizière, «no es un problema extendido en toda Alemania, pero el Gobierno central debe apoyar a los ayuntamientos afectados». Si el inmigrante europeo no tiene expectativas de encontrar un empleo, explicó el ministro, se cancelará su permiso de residencia a los seis meses y estará «obligado» a abandonar el país.
Las consecuencias prácticas si no lo hace, precisó ante las dudas planteadas, será que perderá los derechos inherentes a ese permiso, como la asistencia sanitaria u otras prestaciones sociales.
En el documento se apuesta asimismo por endurecer las condiciones para acceder a determinadas prestaciones, como las que se cobran por los hijos a cargo, para evitar que los inmigrantes, que pueden recibir ayudas por la familia que mantienen fuera de Alemania, perciban subvenciones dobles. Se estudiará además la posibilidad de homologar la prestación por hijo a la que se recibiría en el país de origen.
Junto a estas medidas, que el Gobierno espera que estén aprobadas a final de año, se endurecerá la lucha contra la explotación laboral, a la que están sometidos muchos inmigrantes sin papeles en el país, y se facilitará ayuda financiera a los municipios con mayores cargas, que este año recibirán 250 millones de euros.
Críticas a la medida
El informe fue criticado por la Confederación Alemana de Sindicatos (DGB) y por los Verdes, en la oposición parlamentaria, que acusaron al Gobierno de reaccionar ante un problema inexistente y de no aportar datos que demuestren que haya un fraude masivo o relevante en el país.
Cáritas lamentó los prejuicios que tiñen el debate sobre la denominada inmigración de la pobreza y que la clase política ofrezca una «falsa imagen» de los inmigrantes que llegan al país, en su inmensa mayoría para trabajar.
Más de 130.000 españoles en Alemania
El informe presentado muestra el importante incremento del número de inmigrantes que ha acogido Alemania en los últimos años procedentes del este de Europa. De los poco más de 35.000 ciudadanos rumanos y búlgaros que llegaron al país en 2004, se pasó en 2012, últimas cifras presentadas por el Gobierno, a más de 180.000.
A finales de 2013 residían en Alemania 3,1 millones de ciudadanos procedentes de otros países de la UE, algo más de 414.000 originarios de Rumanía y Bulgaria, los países con más rápido crecimiento. El número de españoles residentes en Alemania se situaba en diciembre de 2013 en 135.539, frente a los 108.278 que se registraban en 2004. (Postdigital/Agencias)
