Helena Maleno ha recibido una más que inquietante amenaza: “Le sugiero el silencio o va a morir. Está incomodando a las autoridades”, junto a la fotografía de una pistola y una bala en un mensaje privado.
Se trata de la activista de la ONG Caminando Fronteras que denunció la actuación policial en Ceuta la noche en la que un vídeo desmentía la versión del Delegado del Gobierno sobre la falsa violencia de 187 personas cruzando la valla que separa la ciudad autónoma de Marruecos, cuyas imágenes mostraban la fractura de pierna de un agente que sufrió una caída por sí mismo mientras pateaba a los migrantes.
En un comunicado al que ya se han adherido en apoyo 187 colectivos y continúan sumándose nuevos, la ONG denuncia las amenazas recibidas 
por la activista y el constante acoso a la propia organización, agravado en las últimas semanas, así como también las múltiples amenazas sufridas a través de la red social Twitter, en las que, según refieren los activistas, también ha participado el Sindicato Unificado de Policía. Con su comunicado, la ONG llama a la sociedad civil y a las instituciones democráticas a “@DefenderAQuienDefiende”.
Comunicado íntegro
Desgraciadamente estas situaciones de violencia forman parte de la vida cotidiana de las personas migrantes en la frontera, dándose una situación de excepción democrática tal que incluso el hecho de hablar de Derechos Humanos en estos espacios de ‘no derecho’ es sentido por los Estados como una amenaza a sus intereses. Esto es precisamente lo que ha sucedido en las últimas semanas cuando una persona integrante de nuestro colectivo, en concreto nuestra compañera Helena Maleno Garzón, ha visto amenazada su seguridad y su integridad física y moral a raíz de unas declaraciones que realizó en televisión en las que afirmaba que “la lesión de un policía en la frontera de Ceuta no fue provocada por la violencia de las personas migrantes, sino que el policía se lesionó al recibir a patadas a migrantes que estaban en territorio del Estado español”.
A partir de estas declaraciones se orquestó una campaña en Twitter, donde se señalaba y criminalizaba ante la policía a nuestra compañera, intentando por enésima vez coartar su actividad política. Nuestra compañera Helena no se achantó ante las amenazas y posteriormente concedió una entrevista a la plataforma ‘Es Racismo’ (vinculado a SOS Racismo Madrid) donde explicaba la construcción del racismo institucional en la Frontera Sur española. Esto hizo que la campaña de amenazas en Twitter se recrudeciese con perfiles que amenazaban a la compañera, especialmente a través de su condición de mujer activista, instando incluso a la violación sexual como una forma de acallarla a la vez que se hacían referencias a su vida personal. Las amenazas por Twitter han ido más allá derivando en llamadas telefónicas a su móvil personal donde se repetían constantemente los mismos insultos que se leían en las redes sociales.
Pero el cúlmen sucedió ayer, cuando el Sindicato Unificado de Polícia (SUP) se unió a la cadena de ‘tuits’ que la amenazaban. Aunque los ‘tuits’ escritos desde el perfil oficial del sindicato eran ‘correctos’ en su forma, entendemos que el espacio (es decir, una cadena de mensajes donde se insta al odio, al racismo y la violencia contra personas migrantes y mujeres) no era el lugar para que una organización de funcionarios del Estado sindicados se posicionase. Es más, el SUP prefirió obviar los posteriores mensajes que amenazaban directamente a nuestra compañera y otros activistas así como a las personas migrantes. Seguidamente Helena recibió una amenaza de muerte por mensaje privado acompañada de una fotografía de una pistola y una bala en la que se podía leer “Le sugiero el silencio o va a morir. Está incomodando a las autoridades”.
Ante tal situación Helena Maleno Garzón ha presentado una denuncia haciendo una recopilación de todas las amenazas que por diferentes vías instan a acabar con su labor de denuncia de la vulneración de derechos y que ponen en peligro su propia vida. Pero no es suficiente. Criminalizar y presionar a las personas defensoras de los Derechos Humanos, especialmente en la Frontera Sur española, es una vieja práctica política que compañeros como Moha Gerehou de SOS RACISMO, las compañeras de HARRAGA (María Antúnez, Rosa García, Nora Driss y Sara Olcina), o José Palazón de PRODEIN, también han padecido entre otras.
Por ello nos vemos obligadas a denunciar estos hechos más allá de la vía judicial interpelando a la sociedad civil y a las instituciones democráticas españolas a #DefenderAQuienDefiende. Porque oculto bajo el discurso de la protección del territorio las personas migrantes son sistemáticamente violentadas, violadas e incluso asesinadas y el racismo del control fronterizo es una práctica cotidiana con numerosas víctimas.”
