La Fiscalía Anticorrupción se opone a la excarcelación del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, destacando para ello la «gravedad» de la reunión de su hermano Pablo González con el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, alegando riesgo de fuga y destrucción de pruebas por la presunta investigación “chivada” por Nieto a González.
En el escrito que firman los fiscales del ‘caso Lezo’, Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá, recuerdan que en una de las conversaciones intervenidas durante la investigación, el 6 de marzo de este año, los tres hermanos González -Ignacio, Pablo, también encarcelado bajo fianza de cuatro millones de euros, e Isabel, esposa del también imputado José Juan Caballero- se «evidenció el interés de todos ellos por conocer quién estaba al frente» de la Policía Nacional.
Todo ello «vinculado a los problemas de Ignacio González por la presunta investigación ‘chivada’ del secretario de Estado de Seguridad», añaden los fiscales. Más tarde se confirmaría que Pablo González se reunió dos días después con el ‘número dos’ de Interior. Los fiscales sostienen en el escrito que González recurrió así a personas con “influencias” en el ámbito judicial, fiscal y policial “para lograr impunidad en sus acciones” en el ‘caso Lezo’.
“Para ejecutar esta acción de entorpecimiento de la investigación”, González y Edmundo Rodríguez recurrieron a “personas pertenecientes al ente público Canal de Isabel II, a la del Cuerpo Nacional de Policía y a personas vinculadas a la política y el Poder Judicial”, señala la Fiscalía en su escrito.
En su informe, en respuesta al recurso de apelación interpuesto para reclamar su puesta en libertad tras haber ingresado en prisión el 21 de abril, la Fiscalía recuerda que el propio González admitió en su declaración que recurrió algún miembro del Ministerio de Justicia, Ministerio Fiscal o Judicatura «para conocer el estado de sus casos, aunque manifestó no recordar con quién».
En cuanto al arraigo familiar invocado para obtener su excarcelación, Anticorrupción expone que la «mayor parte de los miembros de la familia» del expresidente madrileño «presuntamente han intervenido en las actividades investigadas».
(Agencias)
