Malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental son los delitos que la Fiscalía Anticorrupción atribuye al exministro y expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón en el marco de la Operación Lezo, y por los que será llamado a declarar como imputado en el plazo de un mes, según publica este lunes el diario El Mundo.
Se trata de la compra fraudulenta por parte del Canal de Isabel II de su filial latinoamericana Inassa en 2001, con la que Gallardón ponía en marcha la expansión del Canal de Isabel II en el continente americano, y que se llevó a cabo con un sobreprecio desorbitado superior a 25 millones de euros, advierte la Fiscalía.
Este desfalco fue admitido por Edmundo Rodríguez Sobrino, el hombre fuerte del también expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, quien apuntó como coordinador de la operación a Gallardón y la calificó de “robo” y “pelotazo”.
En una de las conversaciones telefónicas intervenidas entre González y Zaplana, González se refería también a esta operación de compra de Inassa, que “no valía ni 30 millones de dólares, con las siguientes palabras:
«Alberto hizo una operación, que no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí, que fue a comprar el grupo en América. Compraron una sociedad, que no valía ni 30 millones de dólares, por 100. Con una autorización del Consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá. Con un diferencial fiscal de 20 millones. Con un crédito del Banco Mundial, que a su vez avalaba el Canal de Isabel II».
La adquisición de Inassa, que originalmente era propiedad de Aguas de Barcelona, se llevó a cabo en realidad por 83 millones de euros de dinero público y durante los últimos meses, la Fiscalía ha encargado a la unidad de apoyo de la Intervención General del Estado que cuantifique al céntimo el sobrecoste pagado por la Comunidad de Madrid en esta operación. La intención de Anticorrupción es citar a declarar a Gallardón y su equipo de entonces cuando concluyan los cálculos de los interventores, afirma el diario El Mundo.
Así, junto a Gallardón, se solicitará también la citación del exconsejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Juan Bravo, y la de quien fuera director financiero del Canal, Gaspar Cienfuegos-Jovellanos, considerados por la Fiscalía responsables desde el punto de vista penal.
“Se trata de una decisión de arriba hacia abajo que presuntamente se gestó en el Consejo de Gobierno de la Comunidad y se cumplió escrupulosamente por los máximos responsables del Canal de Isabel II y los administradores de Inassa”, afirma Anticorrupción, que señala, además, que la compra de Inassa “no fue un hecho aislado, sino el cimiento para adquisición con dinero público de un entramado de sociedades en Suramérica, presuntamente utilizadas para desviar fondos públicos”.
