El Parlament ha aprobado este viernes a las 00.48 horas la ‘Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana’ con la que JxSí y la CUP quieren consumar la ‘desconexión’ de Cataluña del resto de España si gana el ‘sí’ en el referéndum del 1 de octubre, y lo ha hecho pese a que el Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido poco antes la tramitación de la norma.
El texto se ha aprobado con los 71 votos de JxSí, la CUP y el diputado no adscrito Germà Gordó, y los 10 votos en contra de SíQueEsPot, mientras que Cs, PP y PSC no han votado porque de nuevo han abandonado el hemiciclo -ya lo hicieron este miércoles en el debate de la ley del referéndum- en protesta porque consideran que la ley es manifiestamente inconstitucional y antiestatutaria.
JxSí y la CUP se consideran legitimados para sacar adelante esta ley pese a la decisión del Tribunal Constitucional (TC): Jordi Orobitg (JxSí) ha tildado a España de Estado opresor, y Benet Salellas (CUP) ha avisado de que para culminar la independencia el soberanismo tendrá que «desobedecer» al Alto Tribunal.
Claves para la desconexión
Bautizada como la principal ley de ‘desconexión’, la ‘Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana’ define un corpus legal transitorio hasta la constitución oficial de una república catalana: prevé una Constitución catalana provisional que entre en vigor sólo si ganara el ‘sí’ a la independencia en el referéndum anunciado para el 1 de octubre. Sería el Govern el que detallara el despliegue de la ley mediante un paquete de decretos divididos por ámbitos temáticos.
Estas son las claves de la norma:
Constitución antes de un año
La ley establece un periodo transitorio de aproximadamente un año para crear una Constitución y convocar las primeras elecciones de una república catalana. Si se impone el ‘sí’ el 1-O, se iniciaría un proceso participativo de seis meses para recoger propuestas ciudadanas y después habría unas elecciones especiales de las que salga una Asamblea Constituyente que redacte en seis meses una Carta Magna, que se aprobaría por tres quintos del Parlament y refrendarían los catalanes.
Así, la república ya podría funcionar «al 100%» en un año, y los catalanes irían a las urnas tres veces más tras el 1-O: en unas constituyentes, en el referéndum de una Constitución y en las primeras elecciones parlamentarias de una república.
Se mantendrán las leyes españolas que “no contradigan”
En el periodo transitorio seguirían vigentes las normas de la UE, los tratados internacionales y todas las leyes estatales que «no contradigan» la ley catalana de transitoriedad jurídica. Se podrán recuperar todas aquellas normas catalanas que haya suspendido el Tribunal Constitucional (TC) y volverles a dar rango legal.
Cambio de jefatura de Estado y expulsión del ejército español
El presidente de la Generalitat es automáticamente jefe del Estado. Cataluña asumirá el control de las fronteras y aduanas, y expulsará al Ejército hasta que la futura Asamblea Constituyente decida si se crea uno propio.
Integración de los funcionarios
Los empleados públicos del Estado que prestan servicios en Cataluña se integrarán automáticamente en el cuerpo funcionarial de la Generalitat, manteniendo sueldo y condiciones. Pero se especifica la necesidad de acordar con el Gobierno central las condiciones de integración de estos trabajadores. También se requerirá la nacionalidad catalana para ser funcionario de la Generalitat y para acceder a empleos de «salvaguarda de intereses generales».
Doble nacionalidad
Tendrá la nacionalidad catalana quien tenga la española y esté empadronado en Cataluña antes del 31 de diciembre de 2016: todo catalán mantiene la nacionalidad española, aunque puede pedir renunciar a ella.
En cuanto a quien no obtenga directamente la nacionalidad catalana, puede pedirla el nacido en Cataluña pero residente en el exterior; un español que haya vivido en Cataluña al menos 5 años, y el hijo de padre o madre catalán. Los extranjeros con residencia ‘legal y continuada’ un mínimo de 5 años también pueden pedir la nacionalidad. Y la ley garantiza la cooficialidad de castellano, catalán y aranés.
Justicia
Se crea un ordenamiento jurídico aunque manteniendo las plazas de los actuales jueces, magistrados, fiscales y letrados. Uno de los cambios más sustanciales es la sustitución del TC por Sala de Garanties y del TS por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). El presidente del Supremo catalán será nombrado por el Govern y el fiscal general por el Parlament.
Se mantienen las salas judiciales civil, social, administrativa y penal pero se elimina la militar; y se añade una sala de garantías constitucionales, para recursos nucleares sobre derechos fundamentales y electorales. Y el Consell de Garanties Estatutàries (consultivo) se convierte en Consell de Garanties Democràtiques (vinculante).
Amnistía a condenados por el proceso
Si gana el ‘sí’ en el referéndum, se amnistiará a todos los ‘investigados o condenados por procedimientos relativos a la independencia o la construcción de la república’, lo que incluye al expresidente Artur Mas y los exconsellers Irene Rigau, Joana Ortega y Francesc Homs.
Hacienda y pensiones
La Generalitat será la única autoridad tributaria y la Agencia Tributaria estatal no recaudará en Catalunya: ciudadanos, empresas e instituciones deberán tributar en la catalana. Los detalles del traspaso y de los cambios se dejan en manos de decretos del Govern sobre la red tributaria. La ley tampoco incluye una disposición sobre qué pasará con la parte de la deuda del Estado que corresponde a Catalunya, pero señala que será parte fundamental de una negociación con el Ejecutivo estatal si gana el ‘sí’ el 1-O. Se garantiza que todo catalán cobre su pensión y prestación social, aunque sin detallar cómo. (Agencias)
