La Audiencia Nacional ha atendido el requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción, que ha pedido el archivo de la pieza denominada ‘Carol’ relativa a las revelaciones sobre Juan Carlos I extraídas de las conversaciones grabadas entre la princesa Corinna y el excomisario José Manuel Villarejo, y no ve que estas sean «susceptibles de investigación en sede penal», a la par que recuerda que la persona del rey es “inviolable”.
No obstante, el Ministerio Fiscal se reserva la posibilidad de investigar las transacciones financieras internacionales sobre las que se habla en esa conversación, especialmente las relativas al cobro de comisiones por la construcción del AVE a la Meca, si bien recuerda que en aquel momento el Rey gozaba de inviolabilidad.
Estas son las principales conclusiones del informe que Fiscalía Anticorrupción ha presentado este viernes ante el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, sobre la pieza que recoge la conversación mantenida en Londres entre Corinna, Villarejo y un empresario español en la que, entre otros asuntos, se comentan presuntas actividades ilícitas del Rey emérito.
Acusaciones a Juan Carlos I
En el intercambio, Corinna se refiere a un terreno en Marruecos que Juan Carlos I habría puesto a su nombre y después querría recuperar, al pago de unas comisiones en las negociaciones de la construcción del AVE a la Meca a cargo de un consorcio de empresas españolas y a una serie de cuentas bancarias de las que el Rey sería titular real en Suiza bien bajo nombres supuestos, bien bajo la titularidad formal de un familiar, tal y como resume el informe de la Fiscalía.
Anticorrupción detalla sobre el terreno en Marruecos que lo comentado por Corinna «no resulta susceptible de investigación en sede penal» porque, «en primer lugar, no existe ningún elemento que permita colegir que tal terreno proceda de una actividad ilícita» ya que la titularidad del mismo a nombre de ella «podría deberse, como apunta ésta, a una posible elusión fiscal».
El rey es intocable
Además, señala que «los datos, más allá de su posible trascendencia tributaria, no son suficientes para iniciar una investigación penal que tendría naturaleza prospectiva y que, en todo caso, remite a fechas en las que el entonces Rey Juan Carlos gozaba de la inviolabilidad que para el Jefe del Estado reconoce el art. 56.3 de la Constitución».
En cuanto a las cuentas bancarias, la Fiscalía entiende que «los datos son notoriamente insuficientes para avanzar en la tramitación de esta pieza, pues aluden a una posible cuestión fiscal que no es susceptible de mayores indagaciones».
Considera que el «hipotético requerimiento de información a las autoridades suizas», al desconocerse incluso las ciudades concretas, «no permitiría ir más allá» de la práctica internacional conocida como ‘fishing expedition’. «Todo ello sin perjuicio de las actuaciones que pueda llevar a cabo en sede administrativa la Agencia Tributaria», apostilla, no obstante, la Fiscalía.
Turbiedad en el AVE a la Meca
Por último, en relación a las supuestas comisiones ilegales de 80 millones de euros que según Corinna, se habrían repartido entre otros el Rey emérito, por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en 2011, la Fiscalía entiende que las revelaciones en este caso son «más concretas», pues hay «identificación del contrato, de personas y de importes del contrato y de las posibles comisiones» y estos datos «aparecen complementados por otros documentos hallados».
Dice, sin embargo, que «en lo que atañe a la eventual intervención del hoy Rey emérito, los indicios son extraordinariamente débiles pues consisten en la mera referencia que hace una persona que no aparece directa ni indirectamente implicada en los pagos y que tampoco manifiesta la razón de su conocimiento».
En todo caso, recuerda que atendiendo a la fecha del supuesto pago, «también en este caso», el entonces Rey Juan Carlos «gozaba de la inviolabilidad reconocida al Jefe del Estado».
La Fiscalía señala que de cualquier modo, «al tratarse de un posible caso de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, sí parece procedente iniciar una investigación», por este delito y el de «cohecho», aunque al margen de la instrucción sobre las actividades de Villarejo (caso ‘Tandem’) porque «ninguna conexión tiene con el mismo».
