Según ha indicado, Fátima Báñez,la ministra de Empleo y Seguridad Social, , entre las medidas que incluirá el Ejecutivo en la nueva reforma laboral, presumiblemente más restrictiva y en la que ya se está trabajando, habrá un punto dedicado al impulso de la intermediación del sector privado en la búsqueda de empleo.
De este modo, Báñez podría estar preparando un plan para privatizar por completo la gestión de las oficinas del INEM. Con esta privatización, las oficinas del servicio público de empleo pasarán a estar gestionadas por entidades privadas en lugar de por funcionarios, que serían supuestamente recolocados en otros organismos del ministerio de trabajo.
La ministra, que ha justificado esta medida durante la toma de posesión de altos cargos del Ministerio, asegura que la inclusión del sector privado se debe hacer ante la ‘ineficacia’ de los servicios públicos de empleo, ya que, según ha indicado, sólo consiguen colocar al 3% de los parados.
El proyecto de privatización establece la posibilidad de que el servicio de atención al ciudadano lo presten empresas privadas mediante adjucadicación por concurso y el servicio podría prestarse en oficinas que actualmente se dedican a otros menesteres, tales como gestorías o asesorías.
