Alrededor de una decena de personas acompañaban en la tarde de este sábado a Elvira Murcia, que, encadenada al Palau de la Generalitat Valenciana, se disponía a pasar su segunda noche a la intemperie en su silla de ruedas.
Elvira, aquejada de osteogénesis imperfecta desde su nacimiento (conocida coloquialmente como enfermedad de los huesos de cristal), comenzó su protesta en la mañana del viernes, tras el acto de celebración del sexto aniversario de la Ley de Dependencia.
Aprobada en 2006 en el Parlamento, esta ley contaba con un calendario de implantación que debía desplegarse de forma gradual hasta 2015, de modo que fueran atendidas en primer lugar las situaciones más graves, seguidas posteriormente del resto. Sin embargo, una de las primeras medidas del actual Gobierno fue la decisión de paralizar el calendario de aplicación de la Ley, lo que suponía que casi 400.000 personas con dependencia moderada ya no pudieran acceder a una prestación o servicio.
Después, en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 se eliminó la partida para el nivel acordado, casi 283 millones de euros que, sumados a las aportaciones de las comunidades autónomas, implicaban ya un recorte que ascendía a 566 millones de euros.
A mediados de julio de este año, el Pleno del Congreso ratificó un decreto en el que incluía un paquete de recortes que afectaba, entre otros, al sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia: por un lado, rebajaba un 15% las prestaciones económicas a los cuidadores familiares y restringía los pagos con carácter retroactivo y, por otro, introducía nuevos criterios de evaluación de la capacidad económica de los usuarios, elevando el repago. Es decir, se recortaban prestaciones y se elevaban los gastos.
Esta sucesión de ataques a la Ley de Dependencia y de recortes en las prestaciones a las personas con discapacidad ha conducido a que personas como Elvira, que ya tenían acceso a una prestación económica, estén sufriendo un retraso de tres meses en el pago de sus prestaciones, lo que afecta notablemente a su calidad de vida, situando a algunos en la indigencia.
Los recortes afectan también a quienes se encontraban a la espera de un reconocimiento de su situación para recibir una prestación. Este es el caso de Mª Dolores Carrasquilla, también encadenada junto a Elvira a la verja de la sede de la Generalitat, y también aquejada de una afección ósea por la que ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente ya en 34 ocasiones, pero a la que se le ha denegado el acceso a una prestación social. “Han cerrado ya todo tipo de ayudas económicas provenientes de la Ley de Dependencia”.
Los impagos no sólo afectan a los usuarios individuales, los centros de atención también están sufriendo las consecuencias de los recortes. Según Elvira, “están recortando de la gente más vulnerable; si no pagan a los centros, estos centros tendrán que cerrar y entonces serán los familiares quienes tengan que ocuparse de sus personas dependientes”, y lo harán sin prestaciones o con retraso en las mismas, lo que “puede conducir a la exclusión social”.
Elvira considera que los políticos responsables “no son conscientes de la realidad”. “Aunque tengan a una persona dependiente cerca, como ellos tienen dinero, pueden pagarle a alguien para que se haga cargo y no tienen que vivirlo. No se dan cuenta de lo que es cuidar a alguien los 365 días del año, 24 horas al día, sin fines de semana, sin puentes, sin vacaciones, cambiando pañales, lavándoles, vistiéndoles, aspirando mucosidades que les impiden respirar…”. Elvira les plantea un reto a estos políticos: “que se pasen 48 horas seguidas atendiendo a una persona dependiente y que se pongan en el lugar del familiar cuidador”.
El objetivo de Elvira y Mª Dolores es claro: quieren exponer su caso directamente ante el President de la Generalitat, Alberto Fabra, o la Consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, para forzarles a un compromiso escrito que solucione la situación de las personas dependientes, y no tienen intención de abandonar su protesta “hasta que el cuerpo aguante”. “Si hace mucho frío, me taparé con una manta o haremos hogueras, lo que haga falta”. “Yo quiero que nos paguen los tres meses de retraso, pero no sólo eso, quiero que pacten una fecha de pago, ellos sí cobran siempre a primeros de mes”.
El viernes, representantes del Gabinete de Presidencia acudieron a hablar con Elvira para proponerle una reunión en la Consellería de Bienestar Social para tratar sus demandas. Sin embargo, Elvira rechazó esta proposición de reunirse con “subalternos” y no con quien realmente es responsable, además, “ella (la Consellera) tiene un coche oficial pagado por todos con dinero público, yo necesitaría un vehículo adaptado: es ella quien tiene que venir aquí, no yo ir allí”. “No quieren venir, ¿por qué?, yo no tengo nada que esconder, será que ellos sí tienen algo que esconder porque no quieren venir a la calle”.
En la calle, Elvira y María Dolores no están solas. “Tenemos mucho apoyo social, de la gente en general, y de la prensa y de los comerciantes de la zona al cien por cien”. Representantes de algunos partidos políticos de la oposición también se han acercado a hablar con ellas, pero son sobre todo los colectivos sociales quienes les han estado ofreciendo su apoyo, como Stop Desahucios, que ha “amueblado” el espacio que ocupan en la vía pública con algunos sofás, Parke Alcosa, que se ha solidarizado con su causa, y varios miembros del 15M, que pasan todo el tiempo del que disponen junto a estas personas acompañándolas en su lucha.
Consideran que la campaña de recogida de firmas iniciada en la tarde del viernes está siendo un éxito: “en sólo 24 horas hemos recogido ya alrededor de 2000”.
Ante la pregunta de si hay algo que pudieran necesitar durante su protesta, Elvira es rotunda: “lo único de que de verdad hace falta es que la gente acuda y apoye, que se acerquen al lugar, estén con nosotras y firmen”.
Las dependientes encadenadas no descartan una convocatoria masiva en los próximos días llamando a una cita concreta a la ciudadanía para una concentración de apoyo a sus reivindicaciones.
