La segunda campaña electoral con la que Mariano Rajoy se presentó como candidato a las elecciones generales, en 2008, habría sido financiada ilegalmente con dinero procedente de la ‘trama Púnica’, según publica este miércoles el diario El Confidencial, que señala que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha hallado indicios de que el PP de Madrid trasvasó fondos de origen ilícito al PP nacional.
El juez Velasco, que acaba de levantar el secreto de sumario de la pieza separada del ‘caso Púnica’ relativa a las finanzas del PP madrileño, ha remitido la documentación en la que funda sus sospechas al magistrado encargado de investigar la ‘caja B’ del PP nacional destapada en los ‘papeles de Bárcenas’, el juez José de la Mata.
Para las elecciones generales de 2008, celebradas durante la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid, el PP nacional habría recibido un trasvase del PP madrileño de cerca de un millón de euros para “echar una mano” con la financiación de la campaña de Rajoy.
Los indicios que apuntalan esta sospecha se extraen de las anotaciones manuscritas de Beltrán Gutiérrez, exgerente del PP madrileño, que recibió millones de euros en negro que se destinaron principalmente a la financiación de las campañas regionales de 2007 y 2011, y, según las pruebas obtenidas, también la campaña de las elecciones autonómicas de 2003, que no será investigada por haber prescrito los delitos que pudieran desvelarse con la investigación.
Los fondos para superar “los límites de gasto electoral” estipulados por ley procederían del desvío de subvenciones de la Administración y del cobro de donaciones ilegales de empresarios a cambio de “contratos públicos”, unas donaciones que se ocultaban camufladas en pagos directos a las empresas que el PP contrataba para las campañas, según se desprende de la “contabilidad B” manejada por Gutiérrez.
Las empresas que participaron en esta dinámica ilegal durante varios años fueron al menos tres, según El Confidencial: Over Marketing, del grupo de publicidad del empresario argentino Daniel Horacio Mercado –que habría recibido contratos para publicidad del Gobierno regional cuyo dinero público se habría desviado a la campaña del PP–, la agencia Carat, a la que se encargó la publicidad exterior del PP de Madrid, y Sintra Consultores, del empresario Óscar Sánchez Moyano, que canalizó al menos 600.000 euros en las elecciones de 2007.
Los principales responsables políticos del desvío del dinero público habrían sido Francisco Granados –mano derecha de Esperanza Aguirre– y Beltrán Gutiérrez, así como José Ignacio Echevarría, el exconsejero de Transportes en esa época, quien también tuvo un papel destacado en la tesorería y la gerencia del PP de Madrid.
