Las calles de Castellón fueron recorridas ayer por la Marea Azul, una multitudinaria protesta contra el inicio de las labores de sondeo para detectar hidrocarburos en el entorno de la reserva natural de las islas Columbretes y el Golfo de Valencia. De tener éxito las prospecciones, ya en sí mismas perjudiciales para el ecosistema, se iniciaría la explotación comercial de los pozos, con el fuerte impacto medioambiental que implica.
El rechazo a las actividades petrolíferas es unánime en la sociedad castellonense, y consta con el apoyo de todas las formaciones políticas y sindicatos, asociaciones del sector pesquero y turístico, numerosas ONG’s y colectivos sociales.
En la marcha, que fue convocada por la Comisión Interfederativa de Cofradías de Pescadores de la Comunitat Valenciana bajo el lema “Un mar limpio y con futuro. No al petróleo”, participaron más de 5.000 personas, entre las que se encontraban pescadores llegados de todas las cofradías de la Comunidad Valenciana para denunciar los daños que el inicio de estas actividades causará irreversiblemente tanto en el sector pesquero como turístico, además de al medio ambiente.
Las prospecciones serán llevadas a cabo por la empresa escocesa Cairn Energy, y constan con el apoyo del Gobierno Central del Partido Popular, aunque no con el del autonómico. Tanto el ministro de Industria actual, José Soria, como su anterior homólogo del ejecutivo socialista, Miguel Sebastián, aprobaron y han defendido vehementemente el permiso otorgado a la petrolera.
Otra de las empresas involucradas en dichas actividades y con pretensión de llevar a cabo los sondeos en la zona mediterránea es Spectrum Geo Limited, una entidad dedicada a hacer adquisiciones sísmicas en dos dimensiones por encargo de petroleras o por iniciativa propia para vender posteriormente los estudios a estas.
Conseguir datos sobre este tipo de empresas no es fácil, pero organizaciones ecologistas denuncian malas praxis en otras zonas, como en el caso de la concesión obtenida por Cairn Energy para buscar petróleo en Groenlandia, donde mostró gran opacidad en sus actividades y graves deficiencias de seguridad, negándose durante meses a publicar un plan de contingencia ante posibles vertidos en el Ártico.
Numerosas son las alegaciones contra el proyecto, como las presentadas por la ONG GECEN, Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales, que ha solicitado una declaración de impacto medioambiental negativa y considera el proyecto inviable a nivel medioambiental.
GECEN denuncia que, aunque las fases del proyecto son tres (sondeos acústicos, sondeos de exploración y explotación comercial de los pozos), intencionalmente no se han promovido por parte del Gobierno estudios de impacto conjuntos, con la finalidad de evitar informes de inviabilidad contundentes. La ONG denuncia también que no se ha relacionado el proyecto del Golfo de Valencia con los del Golfo de León (entre Mallorca y Gerona), el de las costas de Tarragona, el del norte de Menorca, el del noroeste de Mallorca y el de todo el sur del archipiélago balear, estrechamente relacionados y que, tomados en conjunto, supondrían un impacto medioambiental colosal.
Separando los estudios de las fases posteriores al de la adquisición sísmica quedan sin analizar afecciones sobre comunidades bentónicas protegidas por directivas comunitarias, los impactos sobre la fauna y la avifauna marinas por la acumulación de tóxicos usados y los impactos socioeconómicos derivados del efecto sobre la industria pesquera y la turística.
En cuanto al sondeo sísmico de la primera fase contra cuyo inicio ha salido la Marea Azul en Castellón, las ondas acústicas se emitirán de forma ininterrumpida durante tres meses, lo que afecta demostradamente al sistema de ecolocación de los cetáceos, que quedan desorientados, y genera daños irreversibles en los huevos y larvas de la mayoría de especies de peces, produciendo daños devastadores en la pesca.
También en las Islas Baleares miles de ciudadanos salieron ayer en las cuatro islas con el grito ‘Balears Diu No’ a las prospecciones petrolíferas, coincidiendo en fecha con la finalización del plazo otorgado para la entrega de alegaciones contra los planes de las empresas Cairn Energy y Spectrum Geo Limited. En tan solo un mes, Alianza Mar Blava, que agrupa a colectivos de todos los sectores afectados, ha logrado reunir y entregar más de 70.000 alegaciones contra los proyectos del entorno.
Del mismo modo que en Castellón, la unidad de todos los sectores en Baleares contra las prospecciones petrolíferas es clamorosa, y el rechazo se muestra desde el ejecutivo autonómico y todas las formaciones políticas, ecologistas, sociales y empresariales, logrando el éxito de la protesta de ayer, en la que participaron más de 15.000 personas.
Sin embargo, retirar ahora el permiso de prospección a las empresas que lo obtuvieron puede suponer cuantías desorbitadas en costes de indemnización, uno de los motivos por los que el Gobierno continúa adelante con el proyecto. En la Comisión de Industria el proyecto aún está pendiente de la Declaración de Impacto Ambiental, pero los grupos ecologistas dudan de la rigurosidad de los estudios considerados.
